Ventanas Abiertas: Tu Derecho a Saber

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

Con la Ley 19/2013 sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en España (M. Velasco, 2014)[1], el legislador pretendió fortalecer la democracia y la relación entre la ciudadanía y las administraciones públicas (AAPP), con una triple finalidad: buscar que la actividad pública fuera más abierta, garantizar que la ciudadanía pudiera acceder a la información de sus gobiernos y establecimiento de reglas claras de conducta para los cargos públicos. Se quería conseguir que las instituciones fueran más fuertes, que la gestión de los fondos públicos fuera conocida por todos y que se fomentara la participación ciudadana. Una de las aspiraciones de la normativa es la transparencia de la actividad pública, que se divide en dos grandes áreas: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. Respecto a la primera, significa que las administraciones y entidades públicas tienen la obligación de publicar de forma regular y actualizada una gran cantidad de información sin que nadie se la pida. Piensa en ello como una ventana abierta para que todos vean qué hacen y cómo funcionan. Esta información incluye datos sobre su organización y cómo planifican sus actividades, las leyes y normas que aplican, y aspectos económicos y presupuestarios. Para facilitar el acceso a todo esto, se creó el Portal de la Transparencia, una plataforma donde se concentra toda esta información para que sea fácil de encontrar y entender. Muchas entidades están obligadas a cumplir con esta publicidad activa, desde el Estado central, las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y los ayuntamientos, hasta entidades como la Casa Real (en sus actividades sujetas a Derecho Administrativo), el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, y también partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que reciben una cantidad significativa de ayudas o subvenciones públicas. En relación con la segunda área, el derecho de acceso a la información pública, además de la información que se publica automáticamente, la ley te garantiza el derecho a pedir cualquier información que esté en poder de las administraciones públicas y que hayan generado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, sin que tengas que explicar por qué la pides. Este derecho es para todas las personas. No obstante, existen límites razonables para proteger otros intereses importantes, como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la investigación de delitos, la protección de datos personales y otros intereses económicos o de confidencialidad. 

Si la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos (como la ideología o la salud), se necesita el consentimiento de la persona afectada, a menos que ya los haya hecho públicos. Para facilitar este derecho, se estableció un procedimiento supuestamente ágil y se crearon unidades de información en las administraciones para ayudar a gestionar las solicitudes. Si se deniega el acceso a la información, se puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno antes de acudir a los tribunales. La normativa se ocupa del buen gobierno, estableciendo principios éticos y de actuación para los miembros del Gobierno, altos cargos y personal asimilado de todas las administraciones, principios que buscan que los servidores públicos actúen con eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, responsabilidad. Deben ser un ejemplo en su conducta, manteniendo la transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igualitario y diligencia. Asimismo, deben respetar las normas de incompatibilidad, guardar reserva de información, poner en conocimiento las irregularidades, usar los poderes solo para los fines otorgados, no aceptar regalos que condicionen sus funciones y no valerse de su posición para obtener ventajas personales. La ley prevé un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan estas normas, que incluye infracciones relacionadas con conflictos de intereses, la gestión económica y presupuestaria, y de tipo disciplinario. Las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo o la inhabilitación para ocupar puestos públicos durante un tiempo. Para supervisar y asegurar que todo esto se cumpla, se creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público independiente con plena autonomía, cuyas funciones principales son promover la transparencia, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, garantizar el derecho de acceso a la información pública y asegurar que se sigan las normas de buen gobierno. El Presidente de este Consejo es nombrado por un periodo de cinco años con el respaldo del Congreso de los Diputados, lo que refuerza su independencia. Concluyendo, esta ley se conceptualizó como herramienta para conseguir una sociedad más informada y participativa, donde la gestión pública debe ser abierta al escrutinio de la ciudadanía y los cargos públicos deben actuar bajo estrictos principios de ética y responsabilidad.

___________________

[1] Velasco-Carretero, Manuel (2014). Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sitio Gestión Empresarial. Visitado el 12/9/2025.