¿Más Transparencia, Mayor Eficiencia?

Fuente de la imagen: El sensible camino de las licitaciones (M. Velasco, 2006)

La normativa española sobre Contratos del Sector Público (M. Velasco, 2018)[1], buscaba regular cómo las entidades públicas adquieren bienes, servicios y obras, con la finalidad de garantizar la transparencia, la competencia justa y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, asegurando que los contratos se adjudiquen a la oferta que representa la mejor relación calidad-precio. Surgió de la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español a las directivas europeas de 2014, modernizando las reglas de contratación pública. Pretendía lograr varios objetivos, como aumentar la transparencia en todos los procedimientos de contratación pública; conseguir una mejor relación calidad-precio,  basándose en el precio más bajo, pero, también, en criterios cualitativos como aspectos medioambientales, sociales e innovadores; simplificar los trámites y reducir la burocracia para los licitadores, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y establecer normas más estrictas para combatir el fraude, el favoritismo y la corrupción, incluyendo el rechazo de ofertas "anormalmente bajas" que no cumplan con las obligaciones laborales, sociales o medioambientales. En su momento, una de las novedades fue la introducción y el fomento de la contratación electrónica, que se volvió obligatoria en los términos señalados en la ley, anticipándose a los plazos comunitarios. Además, se revisaron y ampliaron los criterios de adjudicación, permitiendo la inclusión de consideraciones sociales y medioambientales que estuvieran directamente vinculadas al objeto del contrato, lo que implicaba, por ejemplo, exigir certificados de gestión medioambiental o reservar contratos para centros especiales de empleo o empresas de inserción. Para facilitar el acceso de las PYMES a la contratación pública, la ley introdujo medidas específicas[2]. Igualmente, se activó el "procedimiento abierto simplificado", diseñado para ser ágil, reducir las cargas administrativas y permitir que los contratos se adjudicaran rápidamente, sin renunciar a la necesaria publicidad y transparencia. 

En este procedimiento, se simplificaron los trámites, como la presentación de la documentación en un solo sobre o la no exigencia de garantía provisional. Se suprimió la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, un cambio que buscaba, precisamente, aumentar la transparencia. En cuanto a los tipos de contratos, la ley mantuvo figuras como los contratos de obras, suministros y servicios, pero introdujo la figura de la concesión de servicios, que sustituyó al contrato de gestión de servicio público, y la asociación para la innovación, destinada al desarrollo y adquisición de productos, servicios u obras innovadoras que no estuvieran disponibles en el mercado. Asimismo, se intentó reforzar los mecanismos de supervisión y control, ampliando el ámbito del recurso especial en materia de contratación, que permitía impugnar decisiones de contratación, cubriendo contratos de mayor valor y no solamente aquéllos sujetos a regulación armonizada, estableciéndose órganos de consulta, como puede ser la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y creando la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, encargada de aprobar la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Para las empresas, es necesario que conozcan que deben acreditar su capacidad de obrar y su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, estableciéndose el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público como un medio para acreditar estas condiciones, facilitando y agilizando el proceso. Concluyendo, la normativa pretendía ser un marco robusto para la contratación pública en España, impulsando la transparencia, la eficiencia, la calidad y la inclusión, al tiempo que supuestamente combatía el fraude y fomentaba la participación de un mayor número de empresas, especialmente las PYMES. Fuente de la información: normativa de aplicación y texto referenciado. Fuente de la imagen: "El sensible camino de las licitaciones" (M. Velasco, 2006), mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2018). Ley de Contratos del Sector Público español. Sitio Gestión Empresarial. Visitado el 10/9/2025.

[2] Como la obligación de dividir los contratos en lotes siempre que la naturaleza o el objeto lo permitieran, salvo justificación expresa.