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Fuente de la imagen: En ocasiones, leo condenas por incendios forestales (M. Velasco, 2024) |
Además, ante una situación de emergencia de interés nacional declarada por el Ministro del Interior, el General Jefe de la UME asumiría la dirección operativa de las actuaciones en la zona, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad pública. La planificación para la prevención y defensa contra incendios forestales se rige por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales[5], que establece los requisitos mínimos para los planes de emergencia a nivel estatal, autonómico y local, buscando una coordinación y actuación conjunta. En su desarrollo, el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales[6], organiza la respuesta del Estado y su apoyo a las comunidades autónomas, detallando la movilización de medios extraordinarios, que incluyen a la UME, los medios del Ministerio con competencias en Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente, Transición Ecológica o Reto Demográfico, así como recursos de otras comunidades autónomas e incluso ayuda internacional si las capacidades nacionales se mostrasen insuficientes. La coordinación interadministrativa es un principio básico, ya que las comunidades autónomas son responsables de sus propios planes de emergencia y de la organización de la defensa contra incendios forestales en sus territorios, pero el Estado proporciona apoyo a través de medios del Ministerio con competencias, que incluyen aeronaves y equipos terrestres, y establece directrices comunes para la formación y equipamiento del personal de extinción. Para la gestión de incendios que afectan a varias comunidades autónomas, se prevé la designación de un Mando Único de Extinción (MUE) para coordinar las operaciones sobre el terreno.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) elabora diariamente predicciones del peligro meteorológico de incendios forestales, utilizando el Sistema FWI (Fire Weather Index), que considera variables como temperatura, humedad, viento y precipitación para determinar los niveles de riesgo. Esta información, junto con una base nacional de datos sobre incendios forestales gestionada por el Ministerio competente, es vital para la planificación y la toma de decisiones. El Comité Estatal de Coordinación (CECO), adscrito al Ministerio del Interior, desempeña un papel clave en la preparación, implantación y aplicación de este Plan Estatal, coordinando la movilización de recursos y la posible ayuda internacional. Más allá de la extinción inmediata, la legislación también contempla la prevención a través de programas específicos, campañas de concienciación y regulación de actividades de riesgo. Tras un incendio, la restauración forestal y medioambiental es obligatoria, quedando prohibido el cambio de uso forestal del terreno afectado durante al menos 30 años, salvo excepciones muy justificadas y con medidas compensatorias. El Ministerio competente puede declarar zonas de actuación especial para la restauración, especialmente si se trata de grandes superficies o espacios protegidos como la Red Natura 2000. Concluyendo, las competencias en esta materia corresponden a las Comunidades Autónomas y ante los graves incendios de este periodo estival, el Estado español, debe haber activado también un complejo engranaje de medios humanos y materiales, en el que la colaboración entre Administraciones, la capacitación especializada de unidades como la UME, y la planificación detallada de la prevención, extinción y restauración, serían necesaria para proteger a la población y el patrimonio natural del país.
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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2023). Los Incendios Forestales en España. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 27/8/2025.
[2] Creada en 2005 por acuerdo del Consejo de Ministros.
[3] Su intervención podría ser ordenada por el Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, quien ostenta la autoridad superior en materia de protección civil.
[4] Aprobado por Real Decreto 1097/2011, que define sus misiones operativas, centradas en salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente.
[5] Aprobada por Real Decreto 893/2013.
[6] Aprobado en 2014.