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El tema sobre las garantías ante la actuación administrativa impartido en la asignatura
Derecho Administrativo Turístico (DAT), de tercero del
Grado en Turismo de la
Facultad de Turismo de la
UMA, lo terminé la semana pasada haciendo referencia al control jurisdiccional de la actuación administrativa de la Administración Pública (AP) en mi país, asegurando que las decisiones tomadas por la AP se ajusten al ordenamiento jurídico (OJ) y respeten los derechos e intereses de todas las personas. Este tipo de control es vital para la protección de los derechos fundamentales (DDFF), ya que garantiza que las actuaciones de la AP sean legales, justas y equitativas. En este sentido, el papel de los tribunales es esencial, puesto que son los encargados de velar por el cumplimiento estricto de las normas y principios establecidos en la Constitución Española (CE) y resto de legislación vigente. La CE, al consagrar el derecho a una tutela judicial efectiva, otorga a cada persona el derecho de acceder a la justicia para defender sus derechos frente a decisiones administrativas. Este principio de tutela efectiva es clave, porque establece que nadie puede quedar en situación de indefensión ante la actuación de la AP. Así, se revisa la legalidad de los actos administrativos, a la par que evalúa si las decisiones administrativas se ajustan a los fines para los cuales fueron concebidas, asegurando, de esta forma, la legitimidad y la adecuada utilización de la potestad administrativa. Este control puede manifestarse de diversas formas, por ejemplo, a través del recurso contencioso-administrativo, que permite interponer acciones legales frente a actos administrativos que se consideran lesivos o ilegales. La normativa vigente establece que las personas afectadas pueden presentar estos recursos ante los órganos judiciales competentes, iniciando un procedimiento que busca dirimir las controversias derivadas de la actuación administrativa.
De esta manera, se da continuidad al principio de legalidad, puesto que los tribunales revisan y, si corresponde, corrigen los actos que no se ajusten a la normativa aplicable, protegiendo así los derechos de la ciudadanía. El procedimiento contencioso-administrativo se caracteriza por su formalidad y rigor, donde las partes involucradas tienen la oportunidad de presentar sus alegaciones, así como las pruebas necesarias para respaldar sus reclamaciones. En este proceso, se garantiza que cada parte tenga la oportunidad de exponer sus argumentos y demostrar los vicios que, en su opinión, afectan los actos administrativos impugnados. La sentencia que emite el tribunal tras este procedimiento resuelve el conflicto específico entre las partes, estableciendo precedentes que pueden influir en futuras decisiones administrativas, promoviendo un marco de actuación más ajustado a derecho. La función de control jurisdiccional se extiende a situaciones de inacción administrativa, donde la falta de respuesta a solicitudes o reclamaciones específicas también puede ser objeto de revisión por parte del poder judicial, ya que una respuesta adecuada y en tiempo son aspectos fundamentales que aseguran el derecho de las personas a obtener información y a que las decisiones administrativas sean tomadas de manera justa y acorde a la normativa. En síntesis, el control jurisdiccional de la actuación administrativa es un mecanismo notable para garantizar la legalidad y la justicia en la gestión pública. A través de los recursos disponibles, la ciudadanía puede ejercer su derecho a impugnar decisiones que perciben como injustas, asegurando así un sistema administrativo más transparente y responsable. Este control protege los derechos de las personas, fortaleciendo la confianza en las instituciones y contribuyendo a la construcción de una AP más justa. Fuente del esquema: mvc archivo propio.
