¿Eficiencia en el Servicio Público de Justicia?

Fuente de la imagen: Para el bien público (M. Velasco, 2014)

En la tarde, estuve hojeando la normativa sobre medidas de eficiencia del Servicio Público de la Justicia española (M. Velasco, 2025)[1], Ley Orgánica 1/2025[2] que para el Poder Legislativo de mi país representa un avance en la modernización del Servicio Público de Justicia. Insertada en un contexto de reformas constantes, busca adaptar el sistema judicial a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja, garantizando un acceso más ágil y eficaz a la justicia. Una de sus novedades es la profundización en la especialización de los órganos judiciales, destacando la creación de tribunales especializados en la infancia y la adolescencia, en respuesta a la creciente preocupación por la violencia contra menores. Estos tribunales estarán integrados por órganos judiciales con formación específica para abordar de manera adecuada las particularidades de los delitos cometidos contra este grupo vulnerable[3].

Asimismo, la legislación incorpora una reforma organizativa en la Administración de Justicia española, creando los Tribunales de Instancia y modernizando los Juzgados de Paz, transformándolos en Oficinas de Justicia. Esta reestructuración busca optimizar los recursos disponibles y mejorar la capacidad organizativa del sistema judicial, centrándose en tres ejes fundamentales: especialización, homogeneidad y capacidad organizativa. Otro aspecto innovador es la promoción de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación. Al reconocer la importancia de estos métodos no jurisdiccionales, la ley busca reducir la carga de trabajo de los tribunales y ofrecer a la ciudadanía opciones más flexibles y satisfactorias para resolver sus disputas. Esta estrategia se alinea con las tendencias internacionales que abogan por la conciliación y el diálogo como formas de abordar los conflictos.

Adicionalmente, la ley incluye modificaciones en la legislación fiscal, específicamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), para facilitar la aplicación de indemnizaciones derivadas de acuerdos de mediación. Este enfoque integral busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar que las soluciones alcanzadas a través de la mediación sean justas y efectivas. En resumen, la Ley Orgánica 1/2025 representa un paso importante hacia la modernización del sistema judicial español. Al centrarse en la especialización, la organización eficiente y la promoción de los métodos alternativos de resolución de conflictos, esta ley busca mejorar la eficacia del Servicio Público de Justicia y garantizar el respeto a los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. Fuente de la información: Texto referenciado. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2025). Medidas de eficiencia Servicio Público de Justicia. Sitio iurepost. Visitado el 15/1/2025.

[2] Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Publicado en: «BOE» núm. 3, 3/1/2025.

[3] Garantizando así la protección de sus derechos.