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En España, la Ley de Responsabilidad Ambiental establece que cualquier agente que cause un daño ambiental, incluida la contaminación del suelo, es responsable de su restauración. Esta normativa implica que el sector privado y la ciudadanía que hayan contaminado un suelo deben asumir la responsabilidad de su descontaminación. Complementariamente, el Real Decreto 9/2005 regula el control y prevención de la contaminación del suelo, estableciendo procedimientos claros para la identificación de suelos contaminados y las obligaciones de los responsables. En esta línea, el primer paso en el tratamiento de suelos contaminados es la identificación y evaluación de la contaminación, lo que se lleva a cabo mediante estudios de caracterización del suelo, que incluyen análisis de muestras para determinar la presencia y concentración de contaminantes. Una vez que se ha identificado un suelo contaminado, se elabora un informe que detalla la situación del suelo y los riesgos asociados, lo que permite a la administración competente tomar decisiones informadas sobre las medidas a adoptar.
Tras la evaluación, se debe elaborar un plan de descontaminación que incluya las técnicas y métodos a utilizar para eliminar o reducir los contaminantes presentes en el suelo, existiendo diversas técnicas[3], dependiendo de factores como el tipo de contaminante y las características del suelo. Es crucial que los responsables de la contaminación dispongan de garantías financieras que aseguren la disponibilidad de fondos para llevar a cabo la descontaminación[4], garantizando que la carga de la descontaminación no recaiga sobre la sociedad en su conjunto. La participación ciudadana es un aspecto clave en el tratamiento de suelos contaminados. La legislación permite que cualquier persona pueda solicitar la declaración de un suelo como contaminado, empoderando a la ciudadanía y fomentando una mayor vigilancia sobre las actividades que pueden afectar el medio ambiente. La transparencia en los procesos de identificación y descontaminación es esencial para generar confianza en la comunidad[5]. A continuación, por si es de tu interés, inserto el vídeo tutorial referenciado.
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[1] En mi ámbito territorial de actuación (Málaga, España).
[2] Compendiando lo recursos didácticos a mi disposición.
[3] Que se clasifican en in situ, aplicadas directamente en el lugar de la contaminación, y ex situ, que implican la extracción del suelo para su tratamiento en otro lugar.
[4] En caso de que el responsable no cumpla con su obligación, la administración puede intervenir y realizar las acciones necesarias, repercutiendo los costos al responsable de la contaminación.
[5] Permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la protección del medio ambiente.