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| Fuente de la imagen: mvc archivo propio. Pizarra de una de mis clases en ALA |
Mientras en el desayuno escuchaba a la "política" de mi país hablar sobre el cambio climático, recibía un oportuno texto sobre la lucha contra la emergencia climática, elaborado por mi coordinador de la asignatura
Administración y Legislación Ambiental,
Juan Manuel Ayllón Díaz-González, del
Grado en Ciencias Ambientales que tengo el placer docente de impartir en este semestre en la
Facultad de Ciencias de la
Universidad de Málaga. Construido el título a partir de la Resolución del Parlamento Europeo de 2019, que califica el problema como “emergencia climática”, edifica el experto ambiental Ayllón el contenido teniendo en cuenta el profuso ordenamiento jurídico europeo para reforzar este desastre de impredecibles consecuencias pero todas negativas. Y es que, para el profesor, el cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI, y España no es ajena a esta realidad. Con un compromiso firme hacia la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el país ha implementado diversas políticas y leyes que buscan mitigar los efectos del calentamiento global y promover un modelo energético más limpio y eficiente.
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| Fuente de la imagen: mvc archivo propio. Pizarra de una de mis clases en ALA |
Recuerda Juan Manuel que España es parte de importantes acuerdos internacionales, como puede ser el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, ordenamientos que establecen objetivos claros para la reducción de emisiones. O la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021 y que marca otro hito en la legislación española
[1], estableciendo un compromiso de reducir las emisiones al menos un 23% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2030. Esta normativa se centra en la reducción de emisiones y promueve la adaptación al cambio climático y la transición hacia una economía “hipocarbónica”. En este sentido, la administración pública juega un papel crucial en la implementación de estas políticas. La Ley de Racionalización del Sector Público establece que las administraciones solo podrán adquirir bienes y servicios con alto rendimiento energético, lo que refleja un compromiso con la sostenibilidad en la gestión pública. Además, se han creado sistemas de compensación de emisiones, como el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, que busca auditar y reducir la huella de carbono de las empresas.
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| Fuente de la imagen: mvc archivo propio. Pizarra de una de mis clases en ALA |
Entiende Ayllón que la innovación es otro pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático. La necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y métodos de producción más sostenibles es evidente, sin olvidar la esencial cooperación internacional
[2] para facilitar la transferencia de tecnología y recursos que permitan una transición energética efectiva. Pero, a pesar de los avances, España enfrenta desafíos significativos, puesto que las industrias no energéticas, la agricultura y la ganadería son generadores importantes de emisiones de GEI
[3] que deben ser abordados. La necesidad de diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de combustibles fósiles es más urgente que nunca. Además, el coste económico de la transición hacia un modelo energético sostenible es elevado, pero los costos de la inacción son aún mayores, como se ha evidenciado en los últimos años con fenómenos climáticos extremos. Y terminando, coincido con Juanma en que la lucha contra el cambio climático en España es un esfuerzo colectivo que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad
[4]. Fuente de la información: texto de J. M. Ayllón, al que le dedico esta reseña.
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[1] En pro de la lucha contra el cambio climático.
[2] Especialmente entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
[3] Gases de Efecto Invernadero.
[4] La implementación de políticas efectivas, la promoción de la innovación y la educación ambiental son esenciales para lograr un futuro sostenible. A medida que el país avanza hacia sus objetivos climáticos, es fundamental mantener un enfoque proactivo y adaptativo, asegurando que las acciones tomadas hoy beneficien a las generaciones presentes y a las futuras.
