El equilibrio dinámico entre la Constitución y la Unión

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En relación al encaje de España en la Unión Europea (UE), le comentaba a una alumna de la asignatura Administración y Legislación Ambiental, del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, que la relación entre la Constitución Española (CE) y la UE sigue siendo un tema de debate y análisis, puesto que, si bien se han logrado avances significativos, aún quedan desafíos por superar, siendo la capacidad de encontrar un equilibrio entre la identidad nacional y la pertenencia a un proyecto europeo, fundamental para el futuro de todos los países que actualmente configuran la UE. Esta relación CE - UE la catalogo como un "equilibrio dinámico". Me explico. El art. 93 de la Constitución Española (CE) de 1978 (M. Velasco, 2014)[1], establece que mediante la ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la CE, correspondiendo las Cortes Generales (Poder Legislativo) o al Gobierno (Poder Ejecutivo), según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión[2]. Este artículo sirvió de apoyo constitucional para la integración de España en la Unión Europea (UE), generando un complejo entramado jurídico que requiere una constante adaptación. Hay que decir, que, en su redacción inicial, la CE no contemplaba de forma explícita la integración europea. Sin embargo, su espíritu abierto y su vocación europeísta permitieron una interpretación flexible que facilitó la incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1986.

Por tanto, este artículo 93, que regula la cesión de competencias a organizaciones internacionales, se convirtió en el pilar fundamental para justificar la integración europea, reconociendo que su texto no establecía límites claros ni procedimientos específicos para esta cesión, lo que generó ciertas tensiones y debates a lo largo de los años. La necesidad de adaptar la Constitución a las nuevas realidades de la UE propició varias reformas importantes. La primera reforma constitucional tuvo lugar en 1992 y consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. La segunda reforma tuvo lugar en 2011, en el contexto de una profunda y prolongada crisis económica, donde la modificación del artículo 135 perseguía garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Publicas, reforzando el compromiso de España con la UE y garantizando la sostenibilidad económica y social. Ambas transformaciones intentaron demostrar la capacidad de la CE para adaptarse a los cambios y desafíos planteados por la integración europea. Sin embargo, han dejado algunas cuestiones sin resolver del todo, como la delimitación exacta de las competencias cedidas a la Unión Europea o el mecanismo de resolución de conflictos en caso de colisión entre el Derecho español y el Derecho comunitario. Entre los principales desafíos actuales, se encuentran la creciente complejidad del Derecho de la UE[3], la necesidad de una mayor transparencia y participación ciudadana[4] o la defensa de los valores fundamentales de la UE[5]. Fuente: texto referenciado.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2014). Art. 93 Constitución Española y la Unión Europea. Sitio iurepost. Visitado el 18/09/2024.

[2] Los Padres de la CE optaron por por distinguir los tratados de cesión del ejercicio de competencias a organizaciones internacionales de los demás tratados previstos en el art. 94 y estableció un procedimiento especial para la concesión de la autorización, la ley orgánica. También previó de forma muy genérica la aplicación del derecho derivado de estas organizaciones internacionales.

[3] La constante evolución del Derecho comunitario plantea nuevos retos a la hora de garantizar su correcta aplicación en el ordenamiento jurídico español.

[4] Es fundamental que los ciudadanos comprendan las implicaciones de la integración europea y puedan participar en los procesos de toma de decisiones.

[5] La Constitución Española y la Unión Europea comparten una serie de valores fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es necesario garantizar que estos valores se respeten plenamente en ambos ámbitos.