Herramienta comercial contra el chantaje económico

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En el ámbito europeo, la coerción económica se produce cuando un país no perteneciente a la UE intenta presionar a la Unión Europea (UE) o a un Estado miembro para que tome una decisión específica mediante la aplicación, o la amenaza de aplicar, medidas comerciales o de inversión[1]. Aunque este tipo de coerción socava la autonomía estratégica de la UE, no está cubierta por el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El mecanismo de solución de disputas de la OMC no está disponible específicamente para casos de coerción económica, a menos que también involucren aspectos que violen las reglas de la OMC. En este sentido, el Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un nuevo instrumento comercial para permitir a la UE responder, de acuerdo con el derecho internacional y como último recurso, en caso de que la UE o los Estados miembros enfrenten un chantaje económico por parte de un país extranjero que intenta influir en una política o postura específica.

El Instrumento Anticoerción (ACI), busca proteger la soberanía de la UE y de los estados miembros en un contexto geopolítico donde el comercio y la inversión son cada vez más utilizados como armas por las potencias extranjeras. Según las nuevas reglas, la Comisión tendrá cuatro meses para investigar una posible coerción[2]. Sobre la base de sus conclusiones, el Consejo tendrá de ocho a diez semanas para decidir -por mayoría cualificada- si existe coerción. Aunque el objetivo principal será entablar un diálogo para persuadir a las autoridades del país no perteneciente a la UE de que cesen su coerción, si esos esfuerzos fracasan, la UE tendrá una amplia gama de contramedidas a su disposición. Si se descubre que hubo coacción y los Estados miembros están de acuerdo, la Comisión tendrá seis meses para delinear la respuesta adecuada, manteniendo informados al Parlamento y al Consejo en todas las etapas[3]. Fuente de la información: PE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] La Comisión propuso el mecanismo en diciembre de 2021, impulsada por una demanda del Parlamento Europeo y en respuesta a la presión económica ejercida por EE.UU. durante la administración Trump, junto con numerosos enfrentamientos entre la UE y China. Este nuevo instrumento complementa una serie de herramientas de defensa comercial adoptadas en los últimos años. En mayo, los líderes del G7 anunciaron el lanzamiento de una plataforma de coordinación contra la coerción económica, haciéndose eco de la iniciativa de la UE.

[2] Los eurodiputados mejoraron el aspecto disuasorio del instrumento al incluir una lista completa de posibles respuestas disponibles para la UE, incluidas restricciones en el comercio de bienes y servicios, derechos de propiedad intelectual e inversión extranjera directa. También será posible imponer restricciones al acceso al mercado de contratación pública y al mercado de capitales de la UE y a la autorización de productos conforme a normas químicas y sanitarias.

[3] Según las nuevas reglas, la UE podría buscar una "reparación" del país coercitivo no perteneciente a la UE. La Comisión también puede aplicar medidas para hacer cumplir estas reparaciones.