El efecto peinado en la economía sumergida

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Siguiendo a F. Schneider[1], M. Dettmer y otros[2], conceptualizo la economía sumergida como aquella actividad económica ejercida al margen del ordenamiento jurídico legal aplicable, en específico la legislación fiscal. Si bien el término se relaciona con la también denominada “economía de la precariedad" o de la "subsistencia”, qué duda cabe que es ejercida también por otros colectivos que no tienen nada que ver con la escasez o la miseria, generalmente grupos criminales organizados o clases determinadas (al submundo de los trapicheos políticos, por ejemplo). Realizo esta introducción porque informa el Ministerio de la Hacienda y la Función Pública de mi país (MHyFP), que la Agencia Tributaria española (AT) llevó a cabo en 2022 un total de 39.366 actuaciones nominales de control relacionadas con grandes empresas, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y lucha contra la economía sumergida[3].

En relación con la actividad de control para aflorar actividad económica oculta, en 2022 la AT realizó 2.312 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación, en las que descubrió ventas no declaradas, regularizando cuotas por un importe de 435 millones de euros, un 8,8% más que el año previo. En el mismo periodo, se liquidaron cuotas y sanciones por importe de 122 millones de euros en más de 2.600 actas de inspección, a un millar de contribuyentes que previamente habían sido objeto de actuaciones de entrada y registro, con apoyo de las Unidades de Auditoría Informática, las denominadas UAI. Estas unidades participaron, en el año objeto de estudio, en más de 1.500 actuaciones, con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones[4].

Aclara la AT que las actuaciones de comprobación inspectora en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, se complementan con el plan de visitas. En este sentido, en 2022 se realizaron más de 29.000 actuaciones presenciales, lo que se conoce como “peinados”, destinadas al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal[5]. Respecto al control de alquileres sumergidos, sigue destacando el efecto inducido que supone el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta. En los seis últimos ejercicios, estos avisos[6] han favorecido la incorporación de más de 1.182.000 declaraciones, que incluyen rendimientos del capital inmobiliario, con una mayor base imponible declarada de más de 7.700 millones de euros[7]. Fuente de la información: MHyFP. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Friedrich Schneider: The Shadow Economy in Europe. University of Linz, 2013.

[2] Markus Dettmer, Marcel Rosenbach, Cornelia Schmergal. In der Schattenwelt. Der Spiegel. 2019.

[3] Un 7,6% más que el año anterior.

[4] Esta actividad afecta a actuaciones atomizadas por todo el territorio nacional, incluyendo entre ellas las que se realizan en el seno de las grandes macrooperaciones coordinadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas en sectores concretos de actividad. Como consecuencia de estas macrooperaciones desarrolladas desde hace una década (ya un total de 21 hasta el año pasado), y sumando los 15,7 millones liquidados en 2022, el balance global de estas actuaciones asciende a 386 millones de euros liquidados en más de 2.000 expedientes.

[5] Entre estas actuaciones se encuentran casi 9.800 relacionadas del 'Plan de Visitas IVA' y casi 1.800 visitas complementarias de las macrooperaciones sectoriales de entrada y registro.

[6] Teniendo en cuenta tanto el efecto completo en el año inicial de cada aviso, como el impacto marginal en cada año de las campañas anteriores.

[7] Y una recaudación asociada a estas campañas que se estima en 933 millones de euros.