A sabiendas de su injusticia

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

En el sitio iurepost, texto “Prevaricación en la jurisprudencia española”[1], además de la acotación del término en el Código Penal español (CP), realizaba un inventario de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), que acabo de actualizarla con alguna que otra sentencia, relación que, por si es de interés, te dejo a pie de texto[2]. Entendida prevaricación como el delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta[3], dentro de los delitos contra la Administración Pública, el CP registra la prevaricación de los funcionarios públicos así como otros comportamientos injustos[4]. 

El art. 405 CP establece que a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles (art. 406 CP).

En “Presunta comisión de un delito de prevaricación”[5], me hacía eco de la condena de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo[6] a una entidad administrativa y gestora local[7] a abonar una cantidad económica a un particular que le había entregado una serie de bienes muebles sin un contrato de suministro ni presupuesto previo aceptado[8]. La Administración Pública reconoció que recibió el suministro, pero alegó que no lo pagó porque el presupuesto no había sido aceptado previamente. El juez, sin embargo, estimó el recurso a fin de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la entidad, que había recibido los suministros y no los había pagado. 

Recientemente, informaba el Consejo General del Poder Judicial Español (CGPJ), de la condena de una Audiencia Provincial[9] a un alcalde y a su teniente de alcalde de un ayuntamiento[10] por un delito continuado de prevaricación[11], al contratar servicios municipales con sus empresas particulares. Por lo visto, los acusados, “con cabal conocimiento de que la ley prohibía que los concejales y el Alcalde contrataran con el Ayuntamiento”[12], realizaron numerosos actos de contratación con la corporación local. Fuente de la información: BOE, TS y CGPJ. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

___________________________

[1] Velasco Carretero, Manuel. Prevaricación en la jurisprudencia española. 2020. Sitio iurepost. Visitado el 22/03/2022.

[2] En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español (TS), a título orientativo se relacionan las siguientes sentencias: STS 4291/2020 (03/12/2020). Penal - Delito de cohecho pasivo impropio, prevaricación y tráfico de influencias. Dádivas que superan el importe de regalos adecuados a los usos sociales. STS 1304/2020 (26/05/2020). Penal - Prevaricación administrativa: concepto de acto administrativo. STS 1143/2020 (19/05/2020). Penal - Delitos de falsedad, prevaricación y malversación. Principio acusatorio. STS 1123/2020 (19/05/2020). Penal - Delitos de prevaricación y estafa. STS 3158/2019 (14/10/2019). Penal - Validez del registro en despacho consistorial. Distinción entre el delito de falsedad en documento oficial y los de certificación falsa. No concurre el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Existen dilaciones indebidas como atenuante simple. STS 881/2019 (26/03/2019). Penal - Delitos de prevaricación administrativa del art. 404 CP y de malversación de caudales públicos del art. 432 CP cometidos por Autoridad y funcionarios públicos con cooperación de particulares. No procederá computar los intereses desde la fecha del delito. STS 1614/2018 (25/04/2018). Penal - Delito de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. STS 4274/2017 (28/11/2017). Penal - Auto de sobreseimiento dictado en apelación en un procedimiento abreviado no susceptible de ser recurrido en casación. Inexistencia de prevaricación por omisión y falsedad documental. Infracción de ley. Error en la apreciación de la prueba documental. STS 3984/2017 (10/11/2017). Penal - Falsedad documental y prevaricación administrativa. STS 4975/2016 (18/11/2016). Penal - Cohecho. Prevaricación. Malversación de caudales públicos. STS 4420/2016 (11/10/2016). Penal - Prevaricación administrativa. Delito contra la ordenación del territorio. Delito de falsificación del art. 398 CP. STS 643/2014 (22/01/2014). Penal - Asesinato en tentativa y resistencia. Tipo subjetivo: dolo de matar. Principio acusatorio. Eximente incompleta: anomalía psíquica. Reparación del daño. Medida de seguridad: internamiento en centro psiquiátrico; duración. Penalidad: reducción en grado. STS 6402/2013 (26/11/2013). Penal - Delito de prevaricación. Elementos.

[3] Diccionario de la Real Academia de la Lengua española.

[4] Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Publicado en: «BOE» núm. 281, de 24/11/1995. Entrada en vigor: 24/05/1996.

[5] Velasco Carretero, Manuel. Presunta comisión de un delito de prevaricación. 2021. Sitio iurepost. Visitado el 22/03/2022.

[6] Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ourense.

[7] Diputación Provincial de Ourense.

[8] Suministró bancos y marquesinas en 2011.

[9] Audiencia Provincial de Soria.

[10] Medinaceli (Soria).

[11] A la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años para cada uno de ellos.

[12] Por así estar taxativamente prohibido en la Ley Electoral, de contratación pública y de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del contenido del Informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación de Soria.