¿Aumento de las ayudas directas a autónomos?

Fuente de la imagen: dimitriwittmann en pixabay

Hace una semana la Comisión Europea (CE), aprobó una nueva modificación del Marco Temporal europeo, que incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas, extendiendo el plazo de aplicación de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Pues bien, finalmente, el Gobierno de mi país (GE) parece que va a reformar el marco legal existente para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la pandemia de la COVID-19, nuevo marco que pretende adaptar la respuesta económica y social a la pandemia a las necesidades actuales, con el fin de seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables.

Según difunde el GE, el volumen de ayudas directas activadas en España está entre los más elevados de los grandes países de la UE, según refleja, entre otros, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)[1]. Por su alcance e impacto presupuestario, las medidas más relevantes son las ayudas directas a trabajadores y empresas mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), la prestación extraordinaria para autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia, que asciende a 40.800 millones de euros[2]. Se añaden los más de 116.000 millones de euros de financiación al tejido productivo canalizados a través de la Línea de Avales del ICO; los 10.000 millones de euros en ayudas directas del Fondo de apoyo a la solvencia[3].

Además de las ayudas públicas directas, se han adoptado medidas como las moratorias en el pago de créditos hipotecarios y sin garantía hipotecaria, cuya extensión a nueve meses se aprobó recientemente, tras la modificación del marco regulatorio por parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA)[4]. Estas moratorias han permitido que más de 1,3 millones entre familias, autónomos y empresas de los sectores del turismo y transporte hayan podido aplazar el pago de sus préstamos. Finalmente, hace unos meses se aprobó la extensión del periodo de carencia y del plazo de amortización de las Líneas de Avales del ICO[5], con el objetivo de que las empresas y autónomos dispongan de mayor margen para recuperar su actividad económica[6]. Fuente de la información: GE; fuente de la imagen: dimitriwittmann en pixabay.

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[1] Las medidas que se adopten en este nuevo marco se sumarán a las que el Gobierno español lleva adoptando desde el pasado mes de marzo de 2020 para proteger las rentas de las familias, los trabajadores, los sectores más vulnerables, los autónomos y las empresas.

[2] Para el ejercicio en curso, el Gobierno ya ha comunicado que fijará una transferencia extraordinaria de 13.400 millones de euros y, además, las comunidades autónomas contarán con recursos de los fondos europeos. En este sentido, el Gobierno ya ha informado del reparto a las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros del Fondo REACT, que servirán para reforzar el sistema sanitario y también para impulsar un crecimiento económico más sostenible.

[3] Adicionalmente, en el año 2020, el GE tomó medidas para que las comunidades autónomas contaran con la mayor financiación de su historia, lo que les ha permitido tener margen presupuestario para combatir la pandemia y aprobar ayudas para autónomos y pymes. Por un lado, el Gobierno blindó el sistema de financiación y fijó unas entregas a cuenta que no recogieron la caída de la recaudación. Además, el Ejecutivo aprobó el Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros, la mayor transferencia jamás aprobada al margen del modelo de financiación.

[4] Todas estas medidas se suman las ayudas directas concedidas por comunidades autónomas y ayuntamientos, adaptadas a la situación específica y las restricciones de cada territorio en respuesta a la pandemia.

[5] Con ese cambio, se amplió el periodo de carencia hasta 24 meses y el plazo de devolución de los préstamos hasta ocho años.

[6] También con el objetivo de aliviar la carga financiera de las empresas y autónomos, se aprobaron medidas para el aplazamiento de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y se estableció un marco de actuación para la flexibilización en el pago de las rentas de alquileres, tanto particulares como de locales comerciales.