Qué son Inversiones Verdes para la Unión Europea

Fuente de la imagen: Nature_Design en pixabay

¿Qué son las inversiones verdes? Siguiendo a Mark Henshaw[1], son aquellas inversiones socialmente responsables realizadas por entidades que gestionan, gravitan o fabrican en torno a productos, servicios o experiencias medioambientalmente sostenibles, trabajando con tecnologías que fomentan la transición de la dependencia de los recursos energéticos tradicionales hacia alternativas más sostenibles. Según Robert F. Keane[2], en la última década del siglo pasado algunos inversores comenzaron a estudiar a entidades que gestionaban los impactos ambientales mejor que sus competidores, procurando evitar a los “atroces contaminadores", usando la inversión en forma positiva y transformadora, camino de una sociedad y una economía realmente sostenible. Para impulsar el cambio hacia una inversión ecológica, la Unión Europea (UE) está introduciendo reglas para definir lo que califica como actividades ecológicas o sostenibles, camino de una transición hacia la neutralidad climática. 

La propia UE reconoce la necesidad de una definición de “inversión verde” que sea común a todos sus miembros. El desarrollo sostenible requiere la preservación de los recursos naturales y el respeto de los derechos humanos y sociales. La acción climática es un aspecto importante, ya que la necesidad de limitar y mitigar los efectos del cambio climático se vuelve cada vez más urgente. La UE se compromete a disminuir gradualmente sus emisiones de gases de efecto invernadero. El European Green Deal, la iniciativa emblemática de la UE sobre acción climática, establece un objetivo de cero emisiones netas para 2050. Para alcanzar el objetivo, la UE debe invertir en nuevas tecnologías. La Comisión Europea estima que Europa necesita alrededor de 260 mil millones de euros en inversiones adicionales cada año durante la próxima década. 

El Parlamento Europeo (PE), entiende que la inversión pública no será suficiente y los inversores privados deberán intervenir para financiar proyectos amigables con el clima. Esto requiere criterios claros sobre qué es exactamente sostenible y ecológico; de lo contrario, algunos fondos podrían destinarse a proyectos de "blanqueo verde" que afirman ser verdes, pero en realidad no lo son. Algunos países de la UE ya han comenzado a desarrollar sistemas de clasificación. Tanto las empresas que buscan financiación como los inversores interesados ​​en apoyar proyectos sostenibles se beneficiarían de las normas comunes de la UE. En cuanto a la calificación de actividades económicas como sostenibles, la regulación de la taxonomía establece seis objetivos ambientales y establece que una actividad puede considerarse ambientalmente sostenible si contribuye a alguno de ellos sin dañar significativamente a los demás. 

Estima el PE, que el principio de "no hacer daño", que deberá ser definido por la Comisión Europea (CE), asegura que una actividad económica que cause más daño al medio ambiente que la creación de beneficios no puede clasificarse como sostenible. Las actividades ambientalmente sostenibles también deben respetar los derechos humanos y laborales. Los objetivos ambientales son: Mitigación del cambio climático (evitar / reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar la eliminación de gases de efecto invernadero); Adaptación al cambio climático (reducción o prevención del impacto adverso en el clima actual o futuro esperado, o los riesgos de dicho impacto adverso); Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; Transición a una economía circular (centrada en la reutilización y el reciclaje de recursos); Prevención y control de la contaminación; Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas[3]. Fuente de la información: UE y PE. Fuente de la imagen: Nature_Design en pixabay. 

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[1] Henshaw, Mark Eco Investor Guide». Eco Investor Guide, 2010. Sitivio visitado el 12/06/2020 

[2] Keane, Robert F. The Green Advisor: SRI & Green Investing Grow Up. 2009. Sitio visitado el 12/06/2020. 

[3] Los participantes en el mercado financiero que vendan productos financieros y grandes empresas con más de 500 empleados tendrán que revelar cómo y en qué medida sus actividades contribuyen a los objetivos ambientales. Si no afirman ser sostenibles, esto debería estar claramente establecido.