viernes, 7 de septiembre de 2018

"Plan Renove" de la Oficina Judicial

En España se entiende la "oficina judicial" como esa organización instrumental de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales[1]. Según el Ministerio de Justicia (MJ), la oficina judicial es uno de los motores del presunto proceso de modernización de la Administración de Justicia, que tiene el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una justicia de calidad. Ese modelo organizativo intentaba romper con la configuración clásica de juzgados para impulsar una organización de los medios personales y materiales más eficiente y racional, que hiciera posible la distribución del trabajo en equipos, la normalización de tareas y la especialización del personal. Su puesta en funcionamiento respondió al compromiso con un servicio público próximo de calidad, conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad fue otra muy distinta (ver algunas noticias en los medios: elderecho.com, europapress, diarioderivas, elperiodico …).

Supongo que por la no consecución de ese compromiso, el MJ de mi país recientemente ha puesto en marcha un proyecto para elaborar un plan de calidad que permita mejorar la gestión administrativa de todas las oficinas judiciales existentes en el territorio sobre el que tiene competencia. El plan de trabajo tiene el fin de implantar diversos programas de calidad (sistemas de atención y respuesta a las quejas y sugerencias de los usuarios, cartas de servicios, análisis de la demanda y satisfacción de la ciudadanía, autoevaluaciones conforme a modelos de excelencia, etcétera) y hacerlo de manera escalable, es decir, adaptable a la realidad de cada oficina judicial concreta. Dos elementos motrices de este sistema serán la orientación a resultados y a la mejora continua. Apunta el MJ que los criterios de calidad que se adopten se aplicarán con un enfoque flexible, de manera que sea la realidad de cada oficina judicial la que determine la progresiva introducción de instrumentos que reorienten el modelo de gestión existente hacia otro mejorado. 

Parece que la primera fase del plan de calidad arranca la próxima semana con un calendario de reuniones sectoriales entre miembros de los distintos centros directivos integrados en la Secretaria General de la Administración de Justicia y representantes de las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, de las organizaciones sindicales y otros colectivos implicados. En opinión del MJ, esos encuentros deben servir para poner en marcha una serie de grupos de trabajo que se encarguen de analizar y evaluar el proceso de transformación de las oficinas judiciales y fiscales o el estado de implantación del expediente digital electrónico, entre otros aspectos. De manera paralela a los grupos de trabajo, miembros de la Dirección General de Modernización visitarán en las próximas semanas las 27 sedes judiciales sobre las que tiene competencia el ministerio para recabar aquellas especificidades de cada una que deben ser tenidas en cuenta en el momento de aplicar los planes de calidad acordados. 

En una segunda fase, a partir de marzo de 2019, el MJ aplicará el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) diseñado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, modelo de excelencia para organizaciones que inician su proceso hacia la gestión de calidad. Además, sirve como herramienta de diagnóstico de la situación base de la organización y proporciona recomendaciones y orientaciones prácticas para su mejora. La tercera fase consistirá en la elaboración de un mapa de procesos administrativos de las oficinas judiciales, para a continuación implantar sistemas de medición de la actividad para la obtención de diversos tipos de indicadores que permitan conocer los resultados de la organización. 

El elemento prominente del proceso de implantación de la gestión de calidad será la certificación del nivel de excelencia conforme a un modelo aún por determinar. El objetivo final de la implantación de modelos de calidad en la gestión es la mejora continua de la organización, no la obtención de una certificación, pero ese punto, según el MJ, permitirá reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por la organización para mejorar sus servicios a los ciudadanos. La Subdirección General de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene competencias para la certificación de organizaciones públicas conforme a modelos de excelencia, pero también existen entidades privadas que pueden realizar esta certificación. Fuente de la información: MJ. Fuente de la imagen: pixabay. 
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