La rebelión de los ingenieros

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El sector privado denuncia la incompatibilidad de los catedráticos y profesores para realizar trabajos e informes, exigiendo que se limite la concurrencia de las Universidades a los contratos públicos[1]. Vaya, vaya, vaya. ¿Competencia desleal, intrusismo o ambas cosas? Ciertamente, existe un conflicto de intereses, aunque si pretendemos que la universidad se autofinancie. 

¿Por qué le vamos a limitar su capacidad para generar recursos a través de legales empresas? Claro, el problema radica en que la ley les exime de requisitos, por ejemplo, la clasificación administrativa, etc. Entonces, tienen razón las asociaciones profesionales. Propongo que puedan participar, pero en igualdad de condiciones que el sector privado y ya está[2].

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[1] Leído en la pág. 33 de Expansión, 12/4/07.

[2] Porque lo de la discriminación positiva creo que no colará.