El Gestor en el Punto de Mira

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Durante décadas, el derecho sancionó mayoritariamente a las empresas como instituciones, permitiendo que las personas físicas que tomaban las decisiones permanecieran protegidas tras el escudo de la organización: Acciones de Regreso como Límite a la Desidia Gestora (Velasco, 2026). Actualmente, la doctrina jurídica impulsa una transformación hacia la responsabilidad personal de los administradores cuando éstos ignoran sus deberes de vigilancia (Capobianco, 2024). De acuerdo con esta visión, si una compañía sufre un castigo económico por una falta que sus jefes no evitaron, la entidad tiene la facultad de exigirles el reembolso de ese dinero mediante las acciones de regreso (Galán Galán, 2025). Igualmente, los propietarios o accionistas pueden acudir a los tribunales para demandar civilmente a los directivos que omitieron financiar o aplicar un sistema de control interno adecuado, utilizando los llamados pleitos derivados (Gibbs & Ogbonnaya, 2018). Pese al diseño de estas reglas, se observa que en la vida cotidiana su aplicación es mínima, lo cual genera un escenario de impunidad donde los fallos de gestión son costeados por el conjunto de la sociedad o por el presupuesto de la organización (Doménech Pascual, 2008). Existe además un riesgo de que la amenaza de perder el patrimonio propio asuste a los gestores, llevándoles a una inactividad paralizante que perjudica la agilidad necesaria en los negocios, fenómeno que afecta no únicamente a empresas privadas a la par que a las administraciones públicas (Ospina Garzón, 2025; Vignolo Cueva, 2025).

La mejora de este sistema requiere reformas que equilibren la exigencia de cuentas con la capacidad de decidir sin miedo constante. Una solución posible consiste en automatizar el inicio de los cobros cuando el daño económico supere ciertos límites, evitando de esta manera que la conveniencia política detenga las reclamaciones contra los responsables (Martínez-Cardós, 2025). Además, resulta útil facilitar que los pequeños inversores puedan ver los documentos internos de la empresa para detectar si hubo negligencia real antes de iniciar un juicio largo y costoso (Adeyeye, 2024). La tecnología moderna ofrece herramientas para crear registros de vigilancia imposibles de alterar, lo que sirve para demostrar ante un juez si un administrador actuó con diligencia en el momento preciso o si únicamente ignoró las señales de alarma (Capobianco, 2024; Langevoort, 2018). Debido a la ineficacia de muchos seguros actuales que terminan protegiendo incluso la culpa grave, se sugiere que los directivos paguen de su bolsillo las pólizas si su conducta fue malintencionada, devolviendo de este modo la utilidad a la sanción personal (Perdomo Villamil, 2025). Los tribunales están comenzando a exigir mayor atención a riesgos que afectan al medio ambiente o a la seguridad de los productos, pues se entiende que estas áreas forman parte del deber de cuidado actual (Goto, 2024). El objetivo de estos cambios es que el cumplimiento normativo deje de ser una barrera de papel para convertirse en un medio que aporte valor real y proteja el bienestar de todos los ciudadanos (Bedi & Haugh, 2026).

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Bibliografía

Adeyeye, A. (2024). The pursuit of corporate accountability: climate change litigation and the use of shareholder derivative actions. The Cambridge Law Journal, 83(1), 30–32.

Bedi, S. & Haugh, T. (2026). Retheorizing Corporate Compliance. UC Davis Law Review, 59, 1499-1580.

Capobianco, G. (2024). The Caremark Doctrine: Evolution of Oversight Liability Standards and its Impact on Corporate Governance. Tesis de Grado, LUISS.

Doménech Pascual, G. (2008). Por qué la Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el personal a su servicio. InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2, 1-20.

Galán Galán, A. (2025). Informe nacional de España. En A. Galán Galán & A. F. Ospina Garzón (Eds.), La acción de regreso o de repetición de la administración pública contra el personal a su servicio. Cuadernos RAICA #2, Fundación Democracia y Gobierno Local.

Gibbs, D. & Ogbonnaya, C. (2018). Empirical analysis of the statutory derivative claim: De facto application and the sine quibus non. Manuscrito aceptado.

Goto, G. (2024). ESG, Externalities, and the Limits of the Business Judgment Rule: TEPCO Derivative Suit on Fukushima Nuclear Accident and the Expansion of Caremark. ECGI Law Working Paper N° 780/2024.

Langevoort, D. C. (2018). Caremark and Compliance: A Twenty-Year Lookback. Temple Law Review, 90, 727-742.

Martínez-Cardós, J. L. (2025). La acción administrativa de repetición contra los funcionarios públicos. Informe jurídico.

Ospina Garzón, A. F. (2025). Informe nacional de Colombia. En A. Galán Galán & A. F. Ospina Garzón (Eds.), La acción de regreso o de repetición de la administración pública contra el personal a su servicio. Cuadernos RAICA #2, Fundación Democracia y Gobierno Local.

Perdomo Villamil, C. (2025). Conclusiones de la segunda mesa: la práctica y eficacia de la acción de repetición o regreso. En A. Galán Galán & A. F. Ospina Garzón (Eds.), La acción de regreso o de repetición de la administración pública contra el personal a su servicio. Cuadernos RAICA #2, Fundación Democracia y Gobierno Local.

Velasco-Carretero, M. (2026). Acciones de Regreso como Límite a la Desidia Gestora. Sitio Compliance. Visitado el 27/8/2026.

Vignolo Cueva, O. (2025). Informe nacional de Perú. En A. Galán Galán & A. F. Ospina Garzón (Eds.), La acción de regreso o de repetición de la administración pública contra el personal a su servicio. Cuadernos RAICA #2, Fundación Democracia y Gobierno Local.