El Estado que se Ensucia las Manos

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Las actividades técnicas de la Administración Pública española (AP) representan la cara más práctica y visible de la gestión pública, la que nos encontramos día a día. A diferencia de otras acciones de la Administración que se centran en tomar decisiones o emitir normas (como los reglamentos, los actos administrativos o los contratos), las actividades técnicas son básicamente actividades materiales. No consisten en declaraciones formales ni en pronunciamientos intelectuales, sino en actuaciones directas sobre la realidad. Mientras que un acto administrativo es una decisión que afecta legalmente a la vida de una persona (como poner una multa o conceder una beca), estas acciones materiales no buscan modificar ninguna situación jurídica ni producir efectos legales específicos en la ciudadanía. Podríamos decir que estas acciones prácticamente carecen de relevancia para el derecho en sí mismo, porque no tienen la intención de crear, extinguir o modificar derechos. Son la base de la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, cuando la AP está dando clase en una universidad o en un colegio, cuando el personal de salud realiza una consulta médica, cuando se están arreglando una calle, construyendo un pantano o regenerando playas, o cuando los equipos municipales se dedican a recoger la basura y a limpiar las calles. Incluso la labor diaria de patrullar de la policía se enmarca en esta categoría. Se trata de servicios que buscan llevar a cabo las funciones para las que existe el Estado y aunque se apoyan en una potestad legalmente otorgada, lo que realmente importa a la ciudadanía es que estos trabajos funcionen de manera eficaz.

Es conveniente diferenciar estas acciones de la coacción administrativa (la capacidad de usar la fuerza). Ambas son actividades materiales y actúan sobre la realidad, pero la coacción va dirigida a actuar sobre una persona o su patrimonio con la intención de causarle un daño o forzar un cumplimiento. En cambio, la actividad técnica no tiene ninguna pretensión de afectar a las personas o sus bienes ni de producir efectos jurídicos coercitivos. Existe una característica única que distingue a las actividades técnicas de todas las demás acciones de la AP: al no tener una relevancia jurídica directa, son la única actividad que puede ser encomendada a terceros. Es decir, la Administración puede realizar estas tareas a través de su propio personal o bien encargar su ejercicio a empresas privadas mediante contratos de gestión indirecta de servicios. Si por una fatalidad o un error durante una de estas actividades materiales se produjera un daño accidental a una persona, esto generaría una responsabilidad patrimonial que da derecho a la afectada a una indemnización. Además, si la AP ha delegado la actividad técnica a una empresa particular (por ejemplo, la recogida de basura o la gestión de una carretera de peaje) y esta empresa causa un efecto jurídico o un daño accidental, la responsabilidad legal recae directamente sobre la empresa particular y no sobre la Administración. Concluyendo, aunque estas actividades no cambian formalmente nuestra situación legal, constituyen la parte más sustancial de lo que experimentamos del Estado y su eficiencia es la que determina, a la postre, la calidad de vida de toda la ciudadanía. Fuente de la imagen: mvc.