¿Puertas abiertas o cerradas?

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La gestión de la migración laboral en España se rige por un marco normativo que busca conciliar las necesidades del mercado laboral con la protección de los derechos de las personas trabajadoras extranjeras (M. Velasco, 2003)[1]. La normativa de Extranjería establece las bases para regular la entrada, estancia y trabajo de extranjeros y extranjeras en el país. Un aspecto clave de esta política es la gestión colectiva de contrataciones en origen. El mecanismo permite a las empresas españolas cubrir sus necesidades de personal en determinados sectores, contratando trabajadores y trabajadoras en sus países de origen, facilitando el sistema la planificación de las contrataciones y garantizando que la masa laboral cuente con las cualificaciones necesarias para los puestos de trabajo disponibles.

No obstante, la contratación irregular sigue siendo un problema. Para combatir esta práctica, se han establecido sanciones que van desde multas hasta la expulsión del territorio nacional, siendo fundamental garantizar que todas las personas trabajadoras, independientemente de su nacionalidad, disfruten de las mismas condiciones laborales y estén protegidos contra la explotación. La integración social y laboral de los inmigrantes es otro desafío importante. Las políticas migratorias deben promover la inclusión de los extranjeros en la sociedad española, facilitando su acceso al mercado laboral y a los servicios públicos. A través de programas de formación y orientación, se busca que los inmigrantes puedan desarrollar sus competencias y encontrar empleo acorde a sus cualificaciones.

Por otro lado, la movilidad laboral internacional puede ser un motor de desarrollo económico[2]. Las personas trabajadoras extranjeras aportan diversidad cultural, nuevas habilidades y conocimientos que enriquecen el tejido productivo del país, pero es fundamental garantizar que esta movilidad se realice de manera ordenada y respetando los derechos de todos los involucrados. En síntesis, un instrumento para gestionar los flujos migratorios y promover la integración de la extranjería en la sociedad. A través de un marco normativo sólido y la implementación de políticas efectivas, se busca garantizar un equilibrio entre las necesidades del mercado laboral y la protección de los derechos de las personas trabajadoras, contribuyendo así a construir una sociedad más justa y cohesionada.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2003). Política migratoria laboral. Sitio Educación, Formación y Empleo. Visitado el 07/01/2025.

[2] Tanto para España como para los países de origen de los inmigrantes.