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Por ello, la norma da un papel protagonista a las medidas de prevención en la política de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos y cuantificables: reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y de un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010. Asimismo, la ley prevé que desde 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de más de 400 m2 destinen el 20% de su superficie a productos sin embalaje primario, por ejemplo, mediante la venta a granel o el uso de envases reutilizables; la prohibición de destrucción o la eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos. Entre otras, se legislan acciones concretas en materia de recogidas separadas, limitar los plásticos de un solo uso, responsabilidad ampliada de productor, trazabilidad, fiscalidad verde y regulación de los suelos contaminados. Fuente de la información: MTE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.