Garantizar la seguridad de las comunicaciones

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El Poder Ejecutivo de mi país (PE), recientemente ha aprobado un real decreto-ley por el que establece los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de redes y servicios basados en la tecnología 5G. Se trata de desarrollar un entorno confiable para el despliegue de estas redes y servicios, que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos; así como de establecer las medidas con las que afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestos las nuevas redes 5G.

Ese real decreto se vincula con el también aprobado Plan Nacional de Ciberseguridad[1], que prevé cerca de 150 iniciativas, entre actuaciones y proyectos, para los próximos tres años[2]. Entre las principales actuaciones del Plan Nacional de Ciberseguridad[3], el PE destaca la creación de la plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes y de amenazas que permita intercambiar información, en tiempo real, entre organismos públicos y privados. También la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado.

También, el desarrollo de un sistema integrado de indicadores de ciberseguridad a nivel nacional o el incremento de la creación de infraestructuras de ciberseguridad en las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales. Otros aspectos son el impulso de la ciberseguridad de pymes, micropymes y autónomos y la promoción de un mayor nivel de cultura de ciberseguridad. El plan prevé la creación de un sistema de seguimiento y control, con el fin de poder evaluar e identificar el grado de ejecución de las medidas. Fuente de la información: PE; fuente de la imagen: s7akti en pixabay.

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[1] Con cerca de 150 iniciativas y dotado de más de 1.000 millones de euros, para intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio.

[2] Con el acuerdo y el real decreto-ley se intenta reforzar la ciberseguridad, en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, con el fin de intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio.

[3] Dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros.