miércoles, 26 de diciembre de 2018

¿Impulsando la industria?

En el texto "Entonces y solo entonces", donde te escribía algunas de las reflexiones suscitadas en un foro sobre la Unión Europea en el que participé, transcribía que las políticas económicas son cruciales para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en beneficio de los ciudadanos europeos. Lo anterior implica un impulso de la competitividad entre las empresas de la UE para ayudarlas a competir a escala mundial, desarrollar sus actividades económicas y crear nuevos puestos de trabajo, una potenciación del empleo, una garantía de finanzas públicas sostenibles y una consolidación de la estabilidad económica para precisamente proteger esas economías, esos puestos de trabajo y esa anhelada prosperidad contra las “sacudidas externas”. Me acordé de esta reseña porque recientemente el pleno del Congreso de los Diputados de mi país ha convalidado el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España, propuesto por los ministerios de Industria, Comercio y Turismo (MICyT), Transición Ecológica y Agricultura. SI quieres acceder al documento, clickea AQUÍ.

Se apunta en el Preámbulo que "el cambio de paradigma hacia un modelo de economía circular y un modelo energético sostenible requiere un esfuerzo de transformación por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad". En ese sentido, el Marco Estratégico para la España industrial 2030 del Ejecutivo y las Agendas que lo desarrollan, contemplan medidas a corto y medio plazo con el fin de alcanzar, en este ámbito, un crecimiento sostenible, justo e integrador, con los objetivos de incrementar la competitividad del tejido industrial español, favorecer e impulsar la adopción de la Industria Conectada 4.0, impulsar el crecimiento y desarrollo de las pymes industriales y profundizar en la generación de talento y puestos de trabajo de calidad. El Cobierno piensa que estas actuaciones deben acometerse sin demora para evitar una pérdida de competitividad que conduzca a la industria española a una situación de desventaja en los mercados internacionales y con respecto del resto de socios europeos, y que le permita hacer frente a los retos de la digitalización y globalización que la economía mundial está experimentando de manera cada vez más acelerada.

Según el MCiyT, la normativa aborda aspectos que afectan a la competitividad de los sectores industrial y comercial. Por ejemplo, en relación con el contrato de relevo, se prorroga hasta el 1 de enero de 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, dado que el 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la Disposición Transitoria 4ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de ciertos requisitos. El ejecutivo de mi país cree necesario y urgente alargar su período de aplicación para lograr los objetivos de esta modalidad de jubilación parcial: Procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, fomentar la contratación indefinida e incrementar la productividad de las empresas. La medida también contribuirá a asegurar la transición ecológica de la industria, manteniendo su actividad y sus empleos. A través de esta medida, se piensa que la industria española renovará su plantilla y tendrá capacidades adicionales para abordar su necesaria digitalización y eficiencia energética. Se espera poder asegurar, al menos, 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años gracias a esta prórroga.

Asimismo, se modifica la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria en lo que se refiere al régimen sancionador de homologación de vehículos, al objeto de estar en condiciones de adaptar las reglamentaciones estatal y autonómica al marco comunitario de reglamentos en materia de homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, reforzándose la supervisión y control del sistema de homologación europeo y se imponen obligaciones estrictas en cuanto a la vigilancia de los productos comercializados en el mercado. También, se modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que permitirán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

La normativa aprobada contempla la figura del Consumidor Electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un Estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad. Para estas empresas el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción y con este Estatuto podrán mantener competitividad y cuota de mercado. Según el MCIyT, la creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos consumidores de escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.

En la Disposición Transitoria 3ª se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo de dos años. Con este conjunto de medidas se apuesta decididamente por la industria como sector generador de crecimiento y de cohesión social. El paquete regulatorio se complementa con medidas que inciden en la competitividad del sector comercial. Así, se regula la limitación de la venta con pérdidas, adaptando la regulación española a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se suprimen los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia. Me pregunto si con esta batería de instrumentos regulatorios realmente se está impulsando la industria española o, por el contrario, son más "palos" sugeridos por los lobbies de los sectores afectados y puestos por el Gobierno de turno en la "rueda" del necesario cambio. Fuente de la información: MCIyT. Fuente de la imagen: pixabay.