En el mes de agosto pasado, durante la Feria de Málaga (España), tuve la oportunidad de saludar a algunos representantes y empresarios del taxi de mi comunidad autónoma (Andalucía). No corren buenos tiempos para este colectivo, que anda en pie de guerra contra servicios como Uber y Cabify, que, según las distintas asociaciones de taxistas, están "desmantelando el sector público del taxi" (escribe Sergio Agudo en Genbeta). En relación a este tema, el Ministerio de Fomento de España informa que va adoptar un catálogo de medidas urgentes destinadas a mejorar la situación en el sector del taxi y en el del alquiler de vehículos con conductor (VTC), dada la relevancia que para la movilidad ciudadana tiene el transporte público de viajeros y para garantizar un convivencia ordenada y equilibrada entre ambos sectores.Se propone iniciar urgentemente la tramitación de una nueva disposición normativa que contenga una serie de importantes medidas (Fuente de la imagen: pixabay).
En concreto, se prevé que esta nueva norma incluya una prohibición que impida la transmisión de autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor, durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original, disuadiendo así a aquellos que hayan solicitado licencias únicamente con fines especulativos y con el fin de operarlas, de acuerdo a lo ya anunciado por el ministro de Fomento. Adicionalmente, y como novedad, la norma también contemplará la creación de registros electrónicos públicos por las administraciones competentes en los que deberán registrarse los servicios de VTC de manera previa a su prestación. Con ello, se pretende garantizar la exigencia del requisito de contratación previa que rige para este tipo de vehículos, evitando que los mismos capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de concentración y generación de demanda, como son los puertos, los aeropuertos o las estaciones ferroviarias.
De esta manera, también se podrá realizar un control mucho más eficaz del cumplimiento de la norma de habitualidad, por la que se permite a una autorización de VTC operar hasta un máximo del 20% de los servicios, computado trimestralmente, fuera del territorio de la Comunidad Autónoma que le otorgó dicha autorización. Por último, esta normativa también reforzará el cumplimiento de los actuales requisitos de las autorizaciones de VTC, con el objetivo de impedir que pueda interpretarse que no sea necesario su cumplimiento en casos en los que el derecho a obtener dichas autorizaciones se haya adquirido mediante sentencia judicial y no tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo. Todas estas medidas complementan otras como el Plan MOVEA, la personación en los procedimientos judiciales donde se ha impugnado la denegación de licencias de VTC o el establecimiento de matrículas diferenciadas para los vehículos destinados al servicio de taxi y VTC (Fuente de la información: Ministerio de Fomento).