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Siguiendo con la temática general del texto “El concurso de Sísifo”[1], esta mañana quiero referenciarte brevemente alguna pincelada de la experiencia formativa de la tarde del miércoles veintidós de marzo, donde, en el marco del derecho concursal español, Antonio y Francisco estuvieron conferenciando sobre el Convenio y la Liquidación. Me recordaron los ponentes que la finalidad esencial del concurso no es otra que la satisfacción de las deudas de los acreedores, aspecto que ya insinuaba a principios del año pasado en el texto “Objetivo de un Concurso de Acreedores”[2]. Ciertamente, en materia concursal, a estas alturas de la película no hay que confundirse. Si eres follower de “Administración Concursal”, sabes que anduve un tiempo un tanto confundido[3]. Y es que me gustaba la idea esa de “salvar proyectos empresariales venidos a menos”.
Pero el espíritu de la ley es otro y la realidad empresarial también. Aprovechándome de lo que transcribí hace unos meses, reitero que no hay que confundir “el tocino con la velocidad”. A estas alturas de la película, a la vista del ordenamiento jurídico concursal español, no cabe duda que el objetivo primero y último de un concurso de acreedores no es sacar a la entidad insolvente del concurso, manteniendo puestos de trabajo y aportando valor al tejido económico y social del ámbito territorial y social de actuación de la empresa, sino "pagar a los acreedores". En la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003 Concursal española, apunta el legislador que “las soluciones del concurso previstas en la ley son el convenio y la liquidación para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en el procedimiento.
El convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud”. Entre las medidas puestas a disposición por el legislador para facilitar esta solución del concurso se encuentra “la admisión de la propuesta anticipada de convenio que el deudor puede presentar con la propia solicitud de concurso voluntario o, incluso, cuando se trate de concurso necesario, hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos, siempre que vaya acompañada de adhesiones de acreedores en el porcentaje que la ley establece. La regulación de esta propuesta anticipada permite, incluso, la aprobación judicial del convenio durante la fase común del concurso, con una notoria economía de tiempo y de gastos respecto de los actuales procedimientos concursales”.
Es obvio que “si no se aprueba una propuesta anticipada y el concursado no opta por la liquidación de su patrimonio, la fase de convenio se abre una vez concluso el trámite de impugnación del inventario y de la lista de acreedores. La ley procura agilizar la tramitación de las propuestas de convenio. La propuesta anticipada que no hubiese alcanzado adhesiones suficientes para su aprobación podrá ser mantenida en junta de acreedores. El concursado que no hubiese presentado propuesta anticipada ni solicitado la liquidación y los acreedores que representen una parte significativa del pasivo podrán presentar propuestas incluso hasta 40 días antes del señalado para la celebración de la junta. Hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a ésta podrán admitirse adhesiones a las propuestas, lo que contribuirá a agilizar los cómputos de votos y, en general, el desarrollo de la junta”.
El apartado VI de la referida exposición de motivos, también formula la flexibilidad de “la ley en la regulación del contenido de las propuestas de convenio, que podrá consistir en proposiciones de quita o de espera, o acumular ambas; pero las primeras no podrán exceder de la mitad del importe de cada crédito ordinario, ni las segundas de cinco años a partir de la aprobación del convenio, sin perjuicio de los supuestos de concurso de empresas de especial trascendencia para la economía y de presentación de propuesta anticipada de convenio cuando así se autorice por el juez. Se admiten proposiciones alternativas, como las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. Lo que no admite la ley es que, a través de cesiones de bienes y derechos en pago o para pago de créditos u otras formas de liquidación global del patrimonio del concursado, el convenio se convierta en cobertura de solución distinta de aquella que le es propia.
Para asegurar ésta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompañada de un plan de pagos”. Por último, el que el fin del concurso sea el pago a los acreedores, no significa que se descarte la posibilidad de salvar a la entidad concursada. En ese sentido el legislador enuncia que “la finalidad de conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses. El informe preceptivo de la administración concursal es una garantía más de esta solución. Al regular las mayorías necesarias para la aceptación de las propuestas de convenio, la ley prima a las que menor sacrificio comportan para los acreedores, reduciendo la mayoría a la relativa del pasivo ordinario[4].
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[1] Velasco Carretero, Manuel. El concurso de Sísifo. 2017. Sitio visitado el 29/03/2017.
[2] Velasco Carretero, Manuel. Objetivo de un Concurso de Acreedores. 2016. Sitio Administración Concursal. Visitado el 29/03/2017.
[3] Como Dinio con su entonces pareja, Marujita Díaz.
[4] Fuente: texto publicado en el sitio “Administración Concursal” y Exposición de Motivos VI de la Ley 22/2003; fuente de la imagen: pixabay.