martes, 8 de julio de 2014

Administración impropia

A pesar de haber colaborado en más de una ocasión en corporaciones de derecho público y haber estado integrado simultáneamente hasta en cuatro, conforme voy conociendo los entresijos de estos entes, profundizando en su gestión y dimensión (en este caso a través del estudio de su figura en el marco de la disciplina de Derecho Administrativo), percibo la trascendencia de la actividad que realizan y del valor que aportan al tejido económico y social algunas de ellas (consejos reguladores, por ejemplo). Sin embargo, no puedo decir lo mismo de colegios de profesionales como los de empresariales, economistas, titulados mercantiles o administradores inmobiliarios. Después de más de dos décadas de “militancia”, tengo la sensación de que sólo se acuerdan de uno en periodo de elecciones, pagar las cuotas y poco más. 

Y cuando parecía que la Unión Europea en genérico y proyectos europeos en específico, como Bolonia, iban a mantener sólo las corporaciones estrictamente necesarias (aquéllas que trabajan con los derechos fundamentales: abogados, médicos, …), pues ¡Nada! ¡Más de lo mismo! Desde luego, la catadura y la creatividad para sacar los cuartos es digna de mención. Por ejemplo, ahora descubren especialidades como “expertos contables” que, si quieres, tienes que hacer un curso y luego pagar una cuota. De nada sirve que te hayas currado dos décadas de contabilidad o publicado dos textos técnicos sobre sendos planes generales de contabilidad en mi país, por no hablar de tres años en la Escuela de Empresariales y otros tantos en la Facultad. El caso es más de lo mismo, lo que sentí ayer al leer la noticia en El País de que el Gobierno español reducirá de 20 a 38 las profesiones de colegiación obligatoria.

En fin, según las ideas claves que tengo encima de la mesa, junto a la administración pública tradicional, existe una “administración impropia” (nunca mejor dicho) de base privada que puede consistir en una autoadministración corporativa, realizando funciones públicas por sujetos privados y en la incorporación de sujetos privados a órganos administrativos. Que un ente sea de carácter público o privado depende de su personal, financiación, patrimonio o potestades que ejerce. En la autoadministración corporativa el personal no es funcionario, se financia con las cuotas de sus miembros, los bienes no son de dominio público, las potestades sí son públicas y sus actos recurribles. En definitiva, se trata de un ente privado con funciones públicas porque sus potestades, la sancionadora y la normativa, son públicas.

En síntesis, las corporaciones de derecho público (colegios profesionales, federaciones deportivas, consejos reguladores, cofradías de pescadores…), se caracterizan porque son creadas y reguladas por normas estatales, su pertenencia en ocasiones es obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones (colegiación de un abogado), ejercen funciones públicas (la sancionadora y la normativa), sus actos son recurribles ante la propia administración y por la vía jurisdiccional planteando un recurso contencioso-administrativo y, evidentemente, los colegiados o miembros tienen que pagar periódicamente la correspondiente cuota (Fuente de la imagen: sxc.hu).

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