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| Fuente de la imagen: archivo propio |
Antes de ser publicada la referida normativa, ya empezaba a
recibir críticas, como que no solucionaba el problema de acceso al crédito de
los autónomos o que era otro brindis al sol del gobierno en un intento de
cumplir la última promesa electoral que le quedaba por no materializar. No obstante, debo confesarte que me ilusioné en la lectura del Preámbulo, cuando el legislador describía la situación del país, destrucción de empresas, desempleo, problemas
de la economía española… y la necesidad de cambio de mentalidad, acometimiento
de reformas, mejorar la eficacia de las
políticas de apoyo institucional al emprendimiento, solventar las dificultades
para acceder a financiación, etc.
Sin embargo, y coincidiendo con la opinión de varias
corporaciones profesionales, la realidad parece que, por ahora, es otra y la
mentalidad de la administración sigue siendo la misma. Para muestra, un botón: por
ejemplo, se sigue negando las bonificaciones a quienes hayan malogrado un proyecto empresarial en los cinco
años anteriores. Para Segismundo Álvarez Royo-Villanova (hayderecho.com[2]), se condena al
emprendedor a purgar ese fracaso durante ese periodo, obligándolo a trabajar en
la economía sumergida durante ese tiempo, se supone, hasta poder hacerse acreedor
de nuevo de la bonificación.
Por tanto, es fácil pensar que la preferencia del gobierno,
en línea con las directrices que dice recibe de la Unión Europea, sigue siendo mantener
la irrespirable coacción fiscal sobre las pymes y autónomos, además del resto de ciudadanos de a pie. Presión que también se extiende a las cargas administrativas ya que, según Royo-Villanova, la administración entiende que simplificarlas no es reducirlas sino no aumentarlas, siendo imposible
favorecer el emprendimiento y reducir el fraude si no hay una verdadera
decisión de atenuar las cargas administrativas y el exorbitante coste de
seguridad social de los autónomos.
Pero lo que más me ha chocado es el tema que recogía en el
primer párrafo de este post “el IVA de caja”. Surgido de un clamoroso ruego de
la clase autónoma casi desde que nos "invitaron" a ser miembro de la entonces “Comunidad
Europea” (1986), observamos impávidos que la repercusión de la ley será escasa, por no decir nula. En
una conferencia que recientemente ofrecieron Pich Advocats y Economistes (La Mañana[3]), llegaron a catalogarla de “cajón de sastre” normativo con el que hacer
frente a la crisis. El economista y coordinador en temas fiscales de Foment del
Treball, Valentí Pich, piensa que las innovaciones fiscales se hacen en tiempos
de bonanza, no en tiempos de crisis, porque nadie sabe cómo funcionarán.
Y lo que me hizo clamar al cielo fue lo que hace unos días
escribía Mercedes Serraller en Expansión, “Grandes empresas amenazan con no contratar a pymes que pidan el IVA de caja”[4]. Por lo visto, patronales de pymes, autónomos
y fiscalistas denuncian coacciones de grandes compañías a sus proveedores para
que no se acojan al IVA de caja so pena de no volver a contratar con ellos. En
fin. Esto es Jauja. Estamos en España. Cajón "desastre” (Foto del ministro de
Economía español; fuente: Wikimedia Commons). Imagen incorporada con posterioridad; fuente: archivo propio.
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[1] Blasco, Estefanía. infoautónomos. Sitio visitado el 23/11/2013.
[2] Álvarez Royo-Villanova, Seguismundo. hayderecho.com. Sitio visitado el 23/11/2013.
[3] Pich Advocats y Economistes. La Mañana. Sitio visitado el 23/11/2013.
[4] Serraller, Mercedes. Grandes empresas amenazan con no contratar a pymes que pidan el IVA de caja. Expansión. Sitio visitado el 23/11/2013.