sábado, 23 de noviembre de 2013

Cajón desastre

Hace unos meses se aprobó en España la Ley 14/2013, de 27 deseptiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, conocida como Ley de Emprendedores, que desde que los conservadores ganaron las elecciones, algunos esperábamos como agua de mayo, sobre todo por lo del “IVA de caja” que se prometió en las elecciones generales de hace ahora dos años.

Aprovechándome de la síntesis de Estefanía Blasco, recogida en el portal infoautónomos, las principales medidas eran: tarifa Plana de 50 euros para autónomos, IVA con Criterio de Caja, emprendedor de Responsabilidad Limitada, Segunda Oportunidad del emprendedor, visado para emprendedores, Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, incentivos fiscales para empresas de nueva creación y nuevas bonificaciones para autónomos con discapacidad y para autónomos en Pluriactividad.

Antes de ser publicada la referida normativa, ya empezaba a recibir críticas, como que no solucionaba el problema de acceso al crédito de los autónomos o que era otro brindis al sol del gobierno en un intento de cumplir la última promesa electoral que le quedaba por no materializar. No obstante, debo confesarte que me ilusioné en la lectura del Preámbulo, cuando el legislador describía la situación del país, destrucción de empresas, desempleo, problemas de la economía española, … y la necesidad de cambio de mentalidad, acometimiento de reformas,  mejorar la eficacia de las políticas de apoyo institucional al emprendimiento, solventar las dificultades para acceder a financiación, etc.

Sin embargo, y coincidiendo con la opinión de varias corporaciones profesionales, la realidad parece que, por ahora, es otra y la mentalidad de la administración sigue siendo la misma. Para muestra, un botón: por ejemplo, se sigue negando las bonificaciones a quienes hayan malogrado un proyecto empresarial en los cinco años anteriores. Para Segismundo Álvarez Royo-Villanova (hayderecho.com), se condena al emprendedor a purgar ese fracaso durante ese periodo, obligándolo a trabajar en la economía sumergida durante ese tiempo, se supone, hasta poder hacerse acreedor de nuevo de la bonificación.

Por tanto, es fácil pensar que la preferencia del gobierno, en línea con las directrices que dice recibe de la Unión Europea, sigue siendo mantener la irrespirable coacción fiscal sobre las pymes y autónomos, además del resto de ciudadanos de a pie.  Presión que también se extiende a las cargas administrativas ya que, según Royo-Villanova, la administración entiende que simplificarlas no es reducirlas sino no aumentarlas, siendo imposible favorecer el emprendimiento y reducir el fraude si no hay una verdadera decisión de atenuar las cargas administrativas y el exorbitante coste de seguridad social de los autónomos. 

Pero lo que más me ha chocado es el tema que recogía en el primer párrafo de este post “el IVA de caja”. Surgido de un clamoroso ruego de la clase autónoma casi desde que nos "invitaron" a ser miembro de la entonces “Comunidad Europea” (1986), observamos impávidos que la repercusión de la ley será escasa, por no decir nula. En una conferencia que recientemente ofrecieron Pich Advocats y Economistes (La Mañana), llegaron a catalogarla de “cajón de sastre” normativo con el que hacer frente a la crisis. El economista y coordinador en temas fiscales de Foment del Treball, Valentí Pich, piensa que las innovaciones fiscales se hacen en tiempos de bonanza, no en tiempos de crisis, porque nadie sabe cómo funcionarán.

Y lo que me hizo clamar al cielo fue lo que hace unos días escribía Mercedes Serraller en Expansión, “Grandes empresas amenazan con no contratar a pymes que pidan el IVA de caja”. Por lo visto, patronales de pymes, autónomos y fiscalistas denuncian coacciones de grandes compañías a sus proveedores para que no se acojan al IVA de caja so pena de no volver a contratar con ellos. En fin. Esto es Jauja. Estamos en España. “Cajón desastre” (Foto del ministro de Economía español; fuente: Wikipedia).

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