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Parece que esta situación se pretende evitar con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, dando luz verde a los estados miembros para que establezcan disposiciones legislativas contrarias[1], bastando con alegar que con esas medidas se lucha contra la evasión fiscal. El Tribunal argumenta que una CIA no puede elegir a la carta en qué Estado paga sus impuestos. Veremos como queda el asunto.
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[1] Leído en la pág. 22 de Expansión de 23/7/07.