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Es importante entender a qué se aplica esta protección. La legislación referenciada se enfoca específicamente en daños graves a recursos naturales concretos, dejando de lado los daños tradicionales a bienes privados o a las personas[2]. Los recursos protegidos incluyen las aguas (superficiales, subterráneas, costeras y de transición), las especies silvestres y sus hábitats, la ribera del mar y de las rías y el suelo (si la contaminación es tan grave que supone un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente). El ordenamiento jurídico opera dando una gran prioridad a la prevención. Cualquier persona operadora de cualquier actividad económica tiene el deber de adoptar medidas preventivas sin demora si existe una amenaza inminente de daño, y debe tomar medidas de evitación si el daño ya ha comenzado. Por ejemplo, si una compañía minera detecta un fallo estructural en el sistema de contención de residuos que podría contaminar un río cercano, tiene la obligación inmediata de detener la fuga y comunicar la amenaza a la autoridad competente.
Si el daño ocurre, la reparación no es una simple multa o indemnización económica a la ciudadanía. El proceso de reparación busca la restitución ecológica completa a través de tres tipos de medidas: la reparación primaria (restaurar el recurso dañado a su estado original), la complementaria (si no se puede restaurar completamente el recurso original, se crean recursos equivalentes en otro lugar, por ejemplo, restaurando un humedal alternativo) y la compensatoria (compensar las pérdidas de servicios ambientales durante el tiempo que dura la recuperación). Para calcular estas medidas adicionales, se utilizan criterios técnicos de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio, que aseguran que lo que se crea tiene el mismo tipo y calidad que lo que se perdió. Para asegurar que las empresas siempre tengan los medios económicos para financiar esta reparación ilimitada, se exige a las operadoras de actividades más riesgosas (Anexo III) la constitución de una garantía financiera obligatoria. Esta garantía puede ser un seguro, un aval bancario o una reserva técnica.
La cuantía de esta garantía se calcula a partir de un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARM) específico para la actividad, que identifica escenarios accidentales y estima el coste de la reparación primaria[3], es decir, se obliga a las empresas a tener un colchón económico suficiente antes de que ocurra el desastre. Existen exenciones a esta obligación para aquellas actividades con un riesgo de reparación bajo[4] o para aquellas que, teniendo un riesgo moderado[5], acrediten la adhesión permanente a sistemas de gestión ambiental de calidad. Finalmente, es la Administración pública (AP)[6] quien tiene la potestad de ejecutar la ley. Si la persona operadora incumple sus deberes de prevención, evitación o reparación, la AP puede actuar directamente, llevar a cabo las medidas necesarias[7] y luego exigir el pago de todos los costes incurridos a la persona responsable[8]. Éste es un sistema integral que busca proteger activamente el entorno, poniendo el peso económico de la restauración directamente sobre las personas operadoras de las actividades que generan el riesgo.
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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2009). Responsabilidad Medioambiental en España. Sitio Gestión empresarial. Visitado el 17/4/2026.
[2] Salvo que estos últimos sean simultáneamente un recurso natural.
[3] Con un límite máximo de cobertura de 20 millones de euros.
[4] Por ejemplo, inferior a 300.000 euros.
[5] Entre 300.000 y 2.000.000 de euros.
[6] Generalmente las comunidades autónomas.
[7] Ejecución forzosa.
[8] Para lo cual dispone de un plazo de cinco años desde que terminó la ejecución o se identificó a la persona responsable.
