Examen Ambiental que Decide el Futuro

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Cavila que quieres construir algo grande o llevar a cabo un plan que va a transformar una parte importante del entorno. Podría ser el desarrollo de un nuevo sector urbanístico, la construcción de una planta de tratamiento de aguas o, incluso, una granja industrial con miles de plazas de ganado. Antes de que estas ideas se conviertan en realidad, existe en mi país un procedimiento esencial, establecido por la Ley 21/2013 (M. Velasco, 2014)[1], diseñado para proteger el planeta. El objetivo es doble: primero, garantizar un nivel elevado de protección ambiental en todo el territorio español; y segundo, promover un desarrollo que sea verdaderamente sostenible a largo plazo. En propiedad, la ley obliga a las administraciones y a las personas que promueven proyectos a integrar el cuidado del medio ambiente en sus decisiones, buscando siempre la mejor alternativa posible, y estableciendo medidas para prevenir o compensar cualquier daño. Este proceso de análisis se llama evaluación ambiental y se divide en dos grandes tipos. El primero es la evaluación ambiental estratégica, que se aplica a los "planes y programas", documentos que trazan las estrategias futuras, como, por ejemplo, los planes hidrológicos de una cuenca o un plan que establece dónde se pueden construir futuras líneas eléctricas.

El segundo es la evaluación de impacto ambiental, que se aplica a los "proyectos" concretos, como la construcción física de un puerto comercial que admita barcos grandes o una línea eléctrica de alto voltaje de más de quince kilómetros de longitud. Para que esta evaluación funcione, se basa en principios muy claros. Algunos son éticos, como el de protección y mejora del medio ambiente o el famoso principio de quien contamina, paga. Otros son prácticos, como la necesidad de simplificar los trámites y de garantizar la participación pública, permitiendo que cualquier persona o asociación interesada exprese su opinión y acceda a toda la información relevante. Un elemento moderno e ineludible que la ley exige analizar es el cambio climático, lo que significa que al evaluar un proyecto se debe considerar el impacto que este tendrá en el clima[1], y cómo el proyecto es vulnerable ante riesgos como catástrofes naturales o accidentes graves, cuya probabilidad o intensidad pueden aumentar debido a las alteraciones climáticas. El resultado final de todo este proceso es un documento oficial, que puede ser una Declaración o un Informe. Se enfatiza que este pronunciamiento no es una sugerencia: es un informe preceptivo y determinante, lo que significa que su contenido es obligatorio para la autoridad que finalmente autoriza el plan o proyecto. 

Es tan importante que, si la autoridad ambiental no logra emitir su Declaración de Impacto Ambiental o su Informe Ambiental Estratégico en los plazos establecidos por ley, nunca se podrá considerar que la evaluación ha sido favorable. Sencillamente, el proceso se detiene.Además, la ley impone estándares de calidad. Las personas o entidades promotoras de un proyecto deben asegurar que los estudios ambientales que presenten han sido realizados por profesionales con la capacidad técnica suficiente y que son fiables. Si un proyecto obtiene su Declaración de Impacto Ambiental, debe tener en cuenta que este permiso tiene fecha de caducidad: perderá su vigencia si no se comienza a ejecutar en un plazo de cuatro años desde su publicación. Si pasa ese tiempo, la persona promotora debe volver a iniciar todo el procedimiento de evaluación. Finalmente, si alguien decide ignorar toda esta normativa y comienza a ejecutar un proyecto (por ejemplo, iniciar la construcción de una refinería de petróleo o una central térmica de gran potencia) sin haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental, ese acto de aprobación no tendrá validez legal. Es más, la ley lo considera una infracción muy grave, lo que puede acarrear multas muy altas. De esta manera, se busca disuadir cualquier intento de saltarse la protección esencial de nuestro medio ambiente.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2014). Bases que deben regir la evaluación ambiental. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 17/12/2025.

[2] Por ejemplo, las emisiones de gases.