Los Modos de actuar de la Administración Pública

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La Administración Pública (AP), esa figura omnipresente que presumiblemente vela por los intereses de todas las personas, no actúa de una única forma, sino que despliega una amplia variedad de instrumentos para ejercer los poderes o potestades que le han sido conferidos por las normas. El ordenamiento legal configura esencialmente varias maneras distintas en las que la Administración puede concretar su actuación. Conocer estas formas es necesario para entender cómo interactúa la Administración con la ciudadanía y cómo transforma la realidad cotidiana. En primer lugar, encontramos la actividad normativa, que es la capacidad que tiene la Administración para aprobar reglamentos y, en ciertos casos, normas con rango de ley. A través de esta vía, la Administración crea derecho y ordena la vida social. En segundo lugar, están los actos administrativos, que constituyen el corazón de las decisiones de la AP. Podemos entender un acto administrativo como una decisión que la Administración toma de forma unilateral (por sí misma) y que, en términos sencillos, aplica una norma jurídica a un caso concreto y específico. Por ejemplo, si un estudiante recibe una nota positiva en un examen o se le deniega una beca, ambas son actos administrativos. Estos actos pueden ser favorables (declarativos de derechos), beneficiando a la persona destinataria, como cuando se otorga una subvención, o desfavorables (de gravamen), produciendo un efecto perjudicial, como al imponer una sanción o multa. La tercera forma de acción son los contratos. Aquí la AP no actúa unilateralmente, busca un acuerdo con particulares para el intercambio de prestaciones mutuas, lo que requiere la voluntad de ambas partes. Estos acuerdos, que se usan para hacer obras[1] o para prestar servicios[2], se rigen por normas específicas debido a que tienen una finalidad de interés público y utilizan dinero público. En cuarto lugar, se sitúa la coacción administrativa, potestad poderosa que permite a la Administración obligar a una persona, incluso por la fuerza, a hacer, dar o no hacer algo, actuando directamente sobre su patrimonio o su físico. 

Existen dos grandes tipos de coacción. La ejecución forzosa se aplica cuando una decisión administrativa previa (un acto) que contiene una obligación no ha sido cumplida voluntariamente por la persona destinataria. Si alguien tiene una deuda pendiente con la AP, ésta puede usar el procedimiento de apremio para embargar sus bienes y cobrar lo debido. Otro ejemplo de ejecución forzosa es la ejecución subsidiaria, usada cuando la Administración derriba una construcción hecha sin licencia por cuenta de la persona infractora. Por otro lado, está la coacción directa, que se utiliza en situaciones excepcionales y urgentes sin que exista un procedimiento previo que la sustente. Un ejemplo claro de coacción directa se da en las actuaciones policiales que buscan impedir un delito o alteraciones de la seguridad ciudadana, como puede ser la detención de una persona causante de un incendio forestal. Finalmente, la quinta forma de actuación es la actividad técnica de la AP. A diferencia de todas las anteriores, ésta consiste en actividades de carácter material que no pretenden modificar una situación jurídica ni producir efectos legales concretos. Esencialmente, esta actividad constituye la parte sustancial de la prestación de los servicios públicos. Ejemplos cotidianos de estas acciones administrativas incluyen a quienes dan clase en un centro educativo, a quienes arreglan una calle, a quienes recogen la basura o a la policía mientras patrulla. Estas actuaciones son de suma importancia práctica para la ciudadanía, que valora la eficacia de los servicios públicos. Además, la actividad técnica tiene la particularidad de ser la única forma de acción administrativa que puede ser realizada por personas o entidades particulares mediante fórmulas de gestión indirecta de los servicios públicos. Concluyendo, desde la creación de normas hasta la prestación directa de servicios, pasando por la toma de decisiones individuales, la firma de contratos y el uso de la fuerza, la AP utiliza este tipo de categorías como herramientas para llevar a cabo su función de defensa de los intereses generales de la sociedad. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Como carreteras, puertos o edificios.

[2] Como la recogida de basuras.