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| Fuente de la imagen: ¿Metaverso? Pongamos los pies en el suelo (M. Velasco, 2022) |
Resumen: El metaverso, concebido por algunos como la siguiente evolución de internet, introduce una "frontera digital" que plantea desafíos sin precedentes para el Derecho, particularmente para el Derecho Administrativo. Este artículo explora cómo la naturaleza inmersiva y descentralizada de los espacios virtuales colectivos impacta la prestación de servicios públicos y la relación con la ciudadanía. Se aborda la conceptualización jurídica de los espacios virtuales coelctivos, la complejidad de la identidad digital y la no personalidad jurídica de los avatares, así como los retos en la protección de datos, la ciberdelincuencia y la responsabilidad. Se subraya la necesidad de una adaptación proactiva de la normativa existente y la eventual implementación de una "legislación binaria" que garantice la seguridad jurídica y la protección de los derechos en estos nuevos entornos virtuales públicos.
Palabras clave: metaverso, derecho administrativo, espacios virtuales públicos, identidad digital, prestación de servicios, ciudadanía.
Abstract: The metaverse, conceived as the next evolution of the internet, introduces a "digital frontier" that poses unprecedented challenges for law, particularly for administrative law. This article explores how the immersive and decentralized nature of the metaverse impacts the provision of public services and relations with citizens. It addresses the legal conceptualization of the metaverse, the complexity of digital identity and the lack of legal personality of avatars, as well as the challenges in data protection, cybercrime, and liability. It highlights the need for proactive adaptation of existing regulations and the eventual implementation of "binary legislation" to guarantee legal certainty and the protection of rights in these new public virtual environments.
Keywords: metaverse, administrative law, public virtual spaces, digital identity, service provision, citizenship.
1. Introducción
La presumible emergencia de los espacios virtuales colectivos (EVC) se presenta como un fenómeno transformador, descrito como la "palabra de moda" que representa la siguiente generación de internet, trascendiendo las dos dimensiones actuales hacia experiencias inmersivas y auditivas en tres y cuatro dimensiones (Serrano, 2022). Este nuevo entorno digital, que fusiona el mundo real y virtual, (Serrano, 2022) es el "máximo exponente de esa hibridación del mundo digital y físico" (Vicente del Olmo et al., 2022). Su progresiva implantación conlleva numerosos riesgos y conflictos jurídicos, generando un "cosmos incogniti" que alterará profundamente la manera en que actuamos, socializamos, trabajamos y vivimos (Serrano, 2022).
Ante esta "frontera digital", el Derecho no puede permanecer ajeno, sino que debe afrontar estos retos (Monterroso, 2009). El presente artículo se propone analizar el impacto del EVC en el Derecho Administrativo (DA), explorando los retos específicos para la prestación de servicios públicos y la configuración de la relación entre la administración y la ciudadanía en estos espacios virtuales. Se examinará cómo los marcos jurídicos existentes pueden adaptarse y qué nuevas aproximaciones serán necesarias para asegurar la seguridad y la justicia en el ámbito público del EVC.
2. Conceptualización de los Espacios Virtuales Colectivos y su Intersección con lo Público
El concepto de EVC está "en construcción y evolución constante" (Serrano, 2022). Se ha definido como una red de entornos digitales que, mediante tecnologías como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y la blockchain, junto con otras tecnologías disruptivas y exponenciales como el big data, la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT), permiten la creación de espacios virtuales simulados, generando una experiencia inmersiva y, en muchos casos, multisensorial (Brito y Rodríguez, 2022). Es una combinación de espacios virtuales 3D persistentes, multiusuario y compartidos, que se entrelazan con el mundo físico para crear un universo virtual unificado y perpetuo (Serrano, 2022).
Desde una perspectiva jurídica, el EVC no existe actualmente como un constructo legal definido, careciendo de una "definición conceptual legal o naturaleza jurídica demarcada" (Serrano, 2022). Pero debe anticiparse la emergencia de un "metalaw y una metajurisdiction" (Serrano, 2022). Una conceptualización jurídica del EVC propuesta es un "conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que emanan de la dignidad de la persona y que regulan las relaciones entre los seres humanos entre sí y entre los seres humanos, las personas jurídicas y las inteligencias artificiales, robóticas o no, en aquellos entornos y espacios digitales que fusionen, a través de un internet ciberfísico y de tercera generación o a través de cualquier otra tecnología o conjunto de tecnologías que lo puedan sustituir en el futuro, el mundo real y los mundos virtuales o sintéticos" (Serrano).
Una de las aproximaciones más útiles para su conceptualización jurídica se encuentra en la Carta de derechos digitales española (Quadra-Salcedo, 2021), al definir el "entorno digital" y el "espacio digital" (Quadra Salcedo, 2021 en Serrano, 2022). El "entorno digital" se entiende como el conjunto de sistemas, dispositivos, plataformas e infraestructuras que abren espacios de relación, comunicación, interrelación, comercio, negociación, entretenimiento y creación, permitiendo a las personas físicas o jurídicas establecer relaciones semejantes a las del mundo físico tradicional. El "espacio digital", por su parte, se refiere a los lugares digitales donde es posible la comunicación, interrelación, comercio, negociación, entretenimiento y creación de forma especular con el mundo físico tradicional. Estas definiciones son necesarias para entender el alcance jurídico del EVC, incluso si su intención original no fuera esa.
Las actividades que se pueden desarrollar en el EVC son tan diversas como las aplicaciones integradas en él, incluyendo actividades sociales, gaming, entretenimiento, deportes, fitness, aprendizaje, y, fundamentalmente, trabajo y negocios (Serrano, 2022). Esto implica que la administración pública podría, y de hecho, debería, trasladar parte de sus servicios a estos entornos, abriendo la posibilidad de espacios virtuales públicos para la interacción y prestación de servicios a la ciudadanía.
No obstante, un desafío inherente es que este "nuevo mundo no se encuentra regulado o centralizado por el estado" (Bucaram et al, 2022), lo que contraviene la tradicional función del Estado como ente encargado de hacer cumplir las normas jurídicas, sociales y económicas (Bucaram et al, 2022). Nisa Ávila (2021) señala que el EVC debe entenderse como "otro lugar con un desempeño y regulación legal que debe ser idéntico al que haya fuera del mismo pero adaptado a su realidad, por ser un estado dentro de un estado; pero privado" (Nisa, 2021). Esta dualidad plantea un reto directo para el DA, cuya función es la organización y vertebración de la sociedad bajo normas públicas (Serrano, 2022).
3. Retos para la Identidad Digital y la Relación con la Ciudadanía
Para interactuar en el EVC, los usuarios se representan mediante avatares, que pueden ser personalizados o creados sin un control estricto sobre su incorporación al mundo virtual (Bucaram et al, 2022). Uno de los pilares del EVC es la identidad digital, que se utilizará como representación digital de la persona real (Brito y Rodríguez, 2022).
Un desafío central es que la protección de la identidad del usuario se vuelve un verdadero reto (Bucaram et al, 2022). Existe un riesgo de "deepfakes" y una falta de "identidad interoperable" que se pueda usar en múltiples configuraciones digitales para demostrar quién es el usuario (Bucaram et al, 2022). De la doctrina consultada no queda claro que EVC cuente con registros efectivos de identidades ni protocolos para guardar direcciones IPs, lo que facilita la suplantación de identidades (Bucaram et al, 2022).
La posición mayoritaria en la doctrina es que los avatares no deben ser considerados sujetos de derecho con personalidad jurídica diferenciada (Jariod, 2023). Se argumenta que los avatares son "herramientas" o "extensiones digitales" de las personas físicas o jurídicas que los controlan (Jariod, 2023), careciendo de atributos como la intencionalidad, voluntad o conciencia en la toma de decisiones que justificarían su personalidad jurídica (Jariod, 2023). Por tanto, la responsabilidad legal derivada de las acciones de los avatares en el EVC podría recaer en los creadores o controladores, no en los avatares en sí mismos (Jariod, 2023).
La identidad digital se propone como una solución para asegurar la vinculación de los actos realizados a través de avatares con la identidad legal de la persona real. Esta identidad digital no es una identidad separada de la física, sino una "traslación de la identidad del individuo al nuevo entorno digital" (Jariod, 2023). Incluye datos físicos (nombre, DNI, datos biométricos) y datos intelectuales o morales (opiniones, ideologías, creencias). La tecnología blockchain se presenta como una herramienta que puede asegurar la integridad de la información almacenada, convirtiéndose en un registro confiable y seguro de la información de identidad de los usuarios (Nisa et al en Jariod, 2023). Esto es básico para la confianza en las interacciones de la ciudadanía con los servicios públicos virtuales.
Además, la Unión Europea ha adoptado medidas normativas clave para la protección de usuarios de redes sociales e internet, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA) (Serrano, 2022). También, existen pautas como la Declaración europea sobre los derechos y principios digitales y la Carta de derechos digitales española (Quadra-Salcedo, 2021), que proporcionan un marco de referencia para la interpretación de la legislación existente y la aplicación de nuevos derechos en el EVC (Serrano, 2022). Estos marcos son esenciales para garantizar que la relación entre la administración y la ciudadanía en el EVC preserve los mismos niveles de derechos y protección que en el mundo físico.
4. Implicaciones para la Prestación de Servicios Públicos y la Seguridad Jurídica
La implementación del EVC conlleva riesgos significativos para la protección de datos personales, especialmente por el uso de dispositivos como gafas de realidad virtual o sensores neuronales, que podrían permitir el acceso a datos mucho más sensibles como gestos, movimientos y ondas cerebrales (Serrano, 2022). Es importante evitar el desarrollo de técnicas de perfilado avanzado que predigan y manipulen los comportamientos de los usuarios (Serrano, 2022). La cantidad exponencial de datos generados incrementa los riesgos, y determinar la responsabilidad del tratamiento de datos en plataformas descentralizadas es un desafío (Brito y Rodríguez, 2022). La falta de transparencia de los algoritmos de inteligencia artificial que tomarán control de entornos virtuales cada vez más descentralizados también es una preocupación de seguridad (Brito y Rodríguez, 2022).
En el ámbito de la ciberdelincuencia y la responsabilidad, pueden surgir conductas delictivas como el ciberacoso o el acoso sexual, especialmente hacia menores (Serrano, 2022). Aunque parezca "ciencia ficción", en un futuro los delitos cometidos en el EVC podrían ser juzgados en el universo real (Serrano, 2022), como ocurre con los crímenes en internet.
La responsabilidad civil en el EVC es un área de incertidumbre (Jariod, 2023). En la responsabilidad contractual, los acuerdos de prestación de servicios entre proveedores y usuarios (mediante la aceptación de términos de uso) son válidos (Jariod, 2023). Esto aplica también a los contratos sobre bienes virtuales (objetos, terrenos, etc.) o reales (Jariod, 2023). Aunque los mundos virtuales son ficticios, sus activos tienen valor real y la validez de estos contratos se basa en el cumplimiento de los requisitos del Código Civil (consentimiento, objeto, causa lícita) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Jariod, 2023). En la responsabilidad extracontractual, el debate se centra en quién es el responsable; la posición mayoritaria es que la responsabilidad recae en el usuario humano del avatar, ya que el avatar carece de personalidad jurídica (Jariod, 2023). Se plantea la posibilidad de aplicar un sistema de responsabilidad civil similar a la responsabilidad por hecho ajeno (artículo 1903 CC español) o un sistema de responsabilidad objetiva o gestión de riesgos, análogo a lo propuesto para los robots, especialmente si los avatares alcanzan un mayor grado de autonomía (Jariod, 2023).
La fiscalidad, los derechos de propiedad intelectual, las patentes y las marcas son también retos legales importantes a regular en el EVC, así como las normas de competencia, especialmente ante el riesgo de monopolio u oligopolio por parte de las empresas desarrolladoras (Serrano, 2022).
La ley, que es general, debe aplicarse tanto al entorno físico como al virtual, con las modificaciones pertinentes para adaptar las leyes existentes al nuevo entorno digital y sus especificidades (Serrano, 2022). Se propone una "legislación binaria" que abarque tanto el EVC como la realidad natural, con un marco regulatorio común vinculado a ambas realidades y con repercusiones recíprocas (Serrano, 2022). Este enfoque es importante para el DA, ya que permitiría a las administraciones públicas operar y prestar servicios en el EVC bajo un marco jurídico coherente con el mundo físico, garantizando la uniformidad y la seguridad jurídica para la ciudadanía. El Derecho, como "ente integral", debe "monitorizar la sociedad para generar marcos protectores, ordenadores y vertebradores que establezcan normas de convivencia social básica" (Serrano, 2022).
5. Conclusiones
El EVC, como una "nueva frontera" (Palomo, 2022, en Serrano, 2022), impone al DA la necesidad de una profunda adaptación. La realidad actual exige un cambio de mentalidad en la interpretación legal, que para muchos sigue siendo más analógica que digital (Simón, 2022, en Serrano, 2022).
La conceptualización jurídica del EVC, si bien incipiente, se ve facilitada por definiciones como las de "entorno digital" y "espacio digital" contenidas en la Carta de derechos digitales española (Quadra-Salcedo, 2021). Estas sentarán las bases para que las administraciones públicas puedan desarrollar espacios virtuales públicos que repliquen y complementen sus servicios en el mundo real.
Los principales retos para la relación entre la administración y la ciudadanía en el EVC radican en la protección y verificación de la identidad digital de los usuarios, la cual no debe ser una identidad separada, sino una extensión de la identidad física y moral de la persona. Es necesario que se garantice la no personalidad jurídica de los avatares, manteniendo la responsabilidad legal en los usuarios humanos que los controlan (Jariod, 2023).
Asimismo, la protección de datos sensibles, la prevención de la ciberdelincuencia y la determinación de la responsabilidad en entornos descentralizados requieren una atención normativa urgente. El DA debe asumir un papel proactivo (Nisa, 2021, en Serrano, 2022), velando por la aplicación de la normativa existente (como el RGPD y las Digital Acts de la UE) y desarrollando nuevas soluciones, como la propuesta de una "legislación binaria", para establecer un marco regulatorio común que garantice la seguridad jurídica, la igualdad, la libertad y la justicia en los espacios virtuales públicos (Estévez, 2022, en Serrano, 2022). Sólo así se podrá asegurar que esta "nueva realidad" sea una oportunidad para el beneficio de la sociedad y no una fuente de nuevas vulnerabilidades. El resto de la historia de este "cosmos incogniti" y su regulación a través del Derecho del EVC "aún están por escribir" (Garon, 2022).
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