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| De izq. a drcha: Paula Valdivia, Psicóloga del CIMI Sierra Morena de Córdoba, de Meridianos; Eugenio Castillo Verdugo, Jefe del departamento de Justicia Juvenil de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga; Aurora Contreras, Psicóloga Clínica SIMA; Natalia Montufo, Psicóloga SIMA y el que te escribe actuando de moderador. Fuente de la imagen: Abogacía de Málaga |
El pasado 27 de mayo, el
Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, a través de su dedicada
Sección de Diversidad Funcional, organizó un evento que se ha convertido en una cita ineludible: la
III Jornada de Derecho y Salud Mental, colaborando la
Federación Salud Mental de Andalucía. Este encuentro, que consolida un espacio de reflexión profunda y necesaria tras el eco positivo de sus ediciones anteriores, se celebró en un formato dual, accesible tanto de manera presencial como online, permitiendo la participación de un amplio espectro de profesionales comprometidos. La jornada desplegó un programa denso y apasionante, abordando cuestiones de vital importancia en la intersección del ámbito jurídico y la salud mental. El objetivo era claro: promover un conocimiento especializado y un avance hacia una justicia que comprenda y sea sensible a la salud mental. La sesión de mañana arrancó tras la inauguración a las 9:30 h. Un punto central del debate fue El proceso penal con personas con problemas de salud mental, un tema delicado y fundamental que fue expuesto por Ignacio Flores Pradas, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide. Tras una breve pausa, la agenda se sumergió en la Ejecución de medidas de seguridad y medidas alternativas de cumplimiento. Esta mesa, de 11:00 a 12:45 h, reunió a voces expertas como Inmaculada Giráldez Ramírez, Jurista del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla; Ana Belén Rivera, Psicóloga del CIS Málaga; Jorge Ruiz Morales, Psicólogo del Servicio de gestión de penas y medidas alternativas de Málaga; y Beatriz González, Psicóloga de la asociación Afesol Salud Mental. Su diálogo arrojó luz sobre los desafíos prácticos de la aplicación de la ley en contextos de salud mental.
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| Fuente de la imagen: cartel anunciador III Jornada Derecho y Salud Mental |
La adaptación del sistema judicial a las necesidades de las personas con diversidad mental ocupó el espacio de 12:45 a 14:00 h, bajo el epígrafe Ajustes del procedimiento judicial, contando con las valiosas aportaciones de Torcuato Recover, Coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión, y María Isabel Vallejo, Facilitadora judicial de Plena Inclusión Andalucía. La tarde dedicó un foco especial a una población particularmente vulnerable: los menores. De 16:00 a 17:30 h, se abordó El menor con problemas de salud mental en el proceso penal, participando Mar Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Menores de Málaga; María Teresa Soriano Villanueva, Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección de menores; y Carolina Macías Reyes, Abogada. La jornada continuó explorando la situación de los jóvenes infractores con problemas de salud mental o adicciones de 17:30 a 18:30 h, tratando El cumplimiento de medidas por menores infractores con problemas de salud mental / adicciones, mesa redonda que tuve el gusto de moderar y que contó con la participación de Eugenio Castillo Verdugo, Jefe del departamento de Justicia Juvenil de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga; Aurora Contreras, Psicóloga Clínica SIMA; Natalia Montufo, Psicóloga SIMA; y Paula Valdivia, Psicóloga del CIMI Sierra Morena de Córdoba, de Meridianos. En esta sesión, se destacó la importancia de un protocolo de coordinación entre administraciones con competencias en materia de Justicia y Salud, paso básico para garantizar un enfoque integral. Esta III Jornada tuve el honor de clausurarla a las 19:15 h, dejando tras de sí un camino iluminado para seguir trabajando por una "justicia más justa y humana"
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[1] Esta construcción retórica significa la aspiración a un sistema judicial que cumpla con la legalidad de manera estricta, pero que también lo haga con una profunda consideración por la igualdad y la dignidad de las personas, buscando resultados que sean legalmente correctos, éticamente deseables y socialmente beneficiosos, implicando un llamado a la mejora continua y a la humanización de las instituciones judiciales y sus prácticas.
