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Pretende establecer un marco jurídico supuestamente de vanguardia para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsando su eficiencia.
Otro aspecto interesante puede ser la orientación al dato de los sistemas de Justicia. El Proyecto de Ley complementará las leyes de eficiencia procesal y organizativa, intentando atender de forma prioritaria a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia[1].
En resumen, construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital. Aspectos como la cogobernanza, la generalización de los medios electrónicos o la orientación al dato[2], son reforzados en el Proyecto. Fuente de la imagen: mvc.
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[1] Ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo.
[2] O la asistencia de calidad a la víctimas.