Minority Safepack

Fuente de la imagen: AKuptsova en pixabay

La Iniciativa Ciudadana Europea Minority Safepack[1] reclama la adopción de un conjunto de actos jurídicos para mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y reforzar la diversidad cultural y lingüística en la Unión Europea (UE). Los organizadores presentaron oficialmente su iniciativa a la Comisión Europea (CE) en enero de 2020. Habían conseguido reunir más de 1.1 millón de declaraciones de apoyo válidas y alcanzado los umbrales necesarios en once Estados miembros. La CE recibió a los organizadores en febrero de 2020. En octubre de 2020 presentaron su iniciativa y sus propuestas en una audiencia pública organizada en el Parlamento Europeo (PE)[2]. La iniciativa Minority SafePack se debatió en la sesión plenaria del PE de diciembre de 2020. En su Resolución adoptada en diciembre de 2020, el PE expresó su apoyo a la iniciativa. 

Informa la CE de su respuesta a Minority Safepack[3], analizando cuidadosamente las propuestas presentadas por los organizadores y exponiendo la manera en que la legislación de la UE vigente y recientemente adoptada sustenta los diferentes aspectos de esta iniciativa. La respuesta esboza otras medidas complementarias. La inclusión y el respeto de la rica diversidad cultural de Europa constituyen prioridades y objetivos de la Comisión Europea. En los últimos años, desde que la iniciativa se presentó originalmente en 2013, se ha adoptado una gran variedad de medidas en relación con varios aspectos de las propuestas de la iniciativa. La CE valora cada una de las nueve propuestas en función de sus propios méritos, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad[4]. Fuente de la información: CE. Fuente de la imagen: AKuptsova en pixabay. 

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[1] Un millón de firmas a favor de la diversidad en Europa», la quinta iniciativa ciudadana que ha prosperado al haber recibido el respaldo de más de un millón de ciudadanos en toda la UE. 

[2] La CE disponía entonces de tres meses para adoptar una comunicación en la que expusiera sus conclusiones jurídicas y políticas sobre la iniciativa. 

[3] La iniciativa tiene por objeto mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas. 

[4] Aunque no se proponen nuevas disposiciones jurídicas, la plena aplicación de la legislación y las políticas ya en vigor constituye un poderoso arsenal de apoyo a los objetivos de la iniciativa.