jueves, 23 de enero de 2020

Formando a licitadores y licitadoras en formación

Fuente de la imagen: geralt en pixabay.
Si eres follower de este sitio, conoces mi interés por las normas administrativas en mi país y por todo lo relacionado con la formación. En “Sistema eficiente, transparente e íntegro”, te informaba de la publicación en España de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponían al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ). Para el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno suponía una apuesta para mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica. Al mismo tiempo, la Ley buscaba primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas. En “Contratos del Sector Público español”, apuntaba que lo que se pretendía es alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos. 

Realizo la introducción anterior porque, al igual que hace unos años impartí varias ponencias sobre justificación cursos de formación para el empleo (ver “Justificación cursos FPE” o “Poñente”), durante la segunda quincena de diciembre de 2019 y la primera quincena de enero de 2020, he estado impartiendo formación personalizada en varias instituciones educativas privadas de mi ámbito territorial de relaciones (Andalucía), en la normativa de contratos del sector público, en general, y la licitación pública de formación profesional en mi comunidad andaluza, en concreto. Y es que, a primeros de este año, informaba la Consejería de Empleo, Formación y trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía (CEFyTA), de la publicación en el perfil del contratante de la web de la Junta la primera licitación pública[1], por procedimiento abierto, para la impartición de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo para personas trabajadoras desempleadas, con la intención de sustituir paulatinamente a lo largo de 2020 el actual sistema de concesión de subvenciones para cursos por el nuevo sistema de licitación, primera experiencia administrativa que se va a realizar con carácter piloto. 

Ese expediente ya lo referencié en el sitio “Educación, Formación y Empleo”. Con esa publicación, la Consejería cumplía con su compromiso de cambiar el modelo formativo andaluz, pasando de la subvención en concurrencia competitiva al sistema de licitación amparado por la ley de contratos del sector público. La intención de la Consejería es que el sistema gane en agilidad, seguridad jurídica, contacto directo con los sectores empresariales que requieren a las personas a formar y calidad en los procesos formativos. En ese sentido, en el primer semestre de 2020 está prevista la licitación de nuevas acciones formativas con un presupuesto de unos 25 millones, acciones que actualmente se encuentran en diseño gracias a las aportaciones que los sectores empresariales, organizaciones sindicales y otros agentes implicados están realizando en las Mesas sectoriales Binomio Formación y Empleo. En total, Empleo prevé gastar un buen trozo de presupuesto  en acciones formativas[2].

Finalmente, en relación a la formación en licitaciones en formación, ahora están proliferando en mi ámbito sectorial de relaciones, multitud de ofertas en congresos, seminarios o cursos, por lo que si estás interesado, deberás escrutar detenidamente el curriculum de los ponentes, expertos, representantes de asociaciones... porque hay organizaciones e individuos, advenedizos y temporeros, que al abrigo de cualquier novedad del ordenamiento jurídico, montan una actividad formativa como si fueran "churros", cobrando en algunos casos un dineral y una vez que asistes piensas: "Esto lo podía haber visto hojeándome la ley o bicheando en Internet". En la medida de las posibilidades presupuestarias que manejes, sugiero formación personalizada y discrecional, vía profesionales con suficiencia técnica jurídica y económica y expertos en el sector, que estudien tu caso y durante días o semanas trabajen en tu empresa, contigo o con tu equipo, tutelando la adaptación del ordenamiento jurídico general al caso específico de tu organización ¡Ah! Un último consejo; recuerda el dicho: Manolete, si no sabes torear ¿pa qué te metes? Fuente de la información: CEFyTA. Fuente de la imagen: geralt en pixabay. 
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[1] Esta licitación estaba disponible en la dirección https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/000000194277.html, que establecía en la convocatoria un presupuesto base de 714.000 euros distribuido entre las 8 provincias para acciones formativas, en modalidad presencial, conducentes a la obtención del certificado de profesionalidad de “Docencia de la Formación Profesional para el Empleo”. La convocatoria de licitación establecía diez lotes, uno por provincia, salvo Sevilla y Málaga que contaban con dos. Las acciones formativas tratan de paliar la escasez de formadores cualificados para impartir formación conducente a certificados de profesionalidad, necesidad que fue detectada por los técnicos de la Consejería en la pasada convocatoria de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, que tuvo dificultades para encontrar candidatos con este certificado. 
[2] También, la Consejería ha aprobado la orden reguladora para retomar la convocatoria de Formación Profesional para el Empleo para desempleados con compromiso de contratación, unos cursos que contarán el próximo año con 20 millones de euros y que garantizan la contratación del 40% de los participantes desempleados que hayan sido considerados “aptos” al finalizar las acciones formativas.

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