miércoles, 9 de octubre de 2019

Un paso más en la protección del denunciante

Si eres follower de este sitio conoces que en más de una ocasión he tratado sobre la protección de las personas que denuncian infracciones en instituciones públicas o privadas (en inglés whistleblowers). Textos como "El canal de denuncias en compliance", “La protección del whistleblower”, “Propuesta de nuevas normas para proteger al denunciante” o “Reforzar la protección de los denunciantes en toda la UE” son prueba de ello. En “Proteger mejor a los denunciantes en la Unión Europea”, referenciaba el acuerdo provisional que alcanzaron el Parlamento Europeo (PE) y los Estados miembros, sobre nuevas normas que garantizarían un alto nivel de protección para las personas que denuncien violaciones de la legislación de la UE. Estas nuevas reglas, que establecen los estándares de protección de la UE para los denunciantes, fueron propuestas por primera vez por la Comisión Europea en abril de 2018. 

La introducción anterior viene a cuento porque recientemente el Consejo de la Unión Europea (UE), ha adoptado formalmente las nuevas normas sobre la protección de los denunciantes, hecho que ya referencié en el sitio Compliance. Las reglas requerirán la creación de canales seguros para informar tanto dentro de una organización, privada o pública, como a las autoridades públicas. También, proporcionará un alto nivel de protección a los denunciantes contra represalias, y requerirá que las autoridades nacionales informen adecuadamente a los ciudadanos y capaciten a los funcionarios públicos sobre cómo lidiar con la denuncia de irregularidades. La Directiva será publicada en el Diario Oficial de la UE, disponiendo los Estados miembros de dos años (hasta el 2021) para transponer las nuevas normas a su legislación nacional. SI quieres acceder al texto legislativo en inglés, clickea AQUÍ

Según la UE, los elementos principales del compromiso incluyen la creación de canales de presentación de informes dentro de las empresas / administraciones[1] que contribuirán al desarrollo de una cultura corporativa saludable; establecimiento de una jerarquía de los canales de información, alentando a los denunciantes a usar los canales internos dentro de su organización primero, antes de recurrir a canales externos que las autoridades públicas están obligadas a establecer[2]. Igualmente, contiene una gran cantidad de perfiles protegidos por las nuevas reglas[3] y un amplio ámbito de aplicación[4]. Finalmente, se introducen medidas de apoyo y protección para los denunciantes[5] y obligaciones de retroalimentación para las autoridades y las empresas[6]. Fuente de la información: UE. Fuente de la imagen: Myriams-Fotos en pixabay. 
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[1] Existiendo la obligación de crear canales de presentación de informes eficaces y eficientes en empresas de más de 50 empleados o municipios de más de 10 000 habitantes. 
[2] En cualquier caso, los denunciantes no perderán su protección si deciden utilizar canales externos en primer lugar. 
[3] Entre las personas protegidas incluyen aquellas con una variedad de perfiles que podrían adquirir información sobre infracciones en un contexto relacionado con el trabajo. Por ejemplo, empleados, incluidos funcionarios públicos a nivel nacional / local, voluntarios y aprendices, miembros no ejecutivos, accionistas, etc. 
[4] Las nuevas normas abarcan áreas como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de dinero, la salud pública, etc. Para mayor seguridad jurídica, en un anexo de la directiva se incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE cubiertos. . Los estados miembros pueden ir más allá de esta lista al implementar las nuevas reglas. 
[5] Las reglas introducen salvaguardas para proteger a los denunciantes de represalias, como ser suspendidos, degradados e intimidados. Los que ayudan a los denunciantes, como colegas y familiares, también están protegidos. La directiva también incluye una lista de medidas de apoyo que se implementarán para los denunciantes. 
[6] Las reglas crean la obligación de responder y dar seguimiento a los informes de los denunciantes dentro de los 3 meses (con la posibilidad de extender esto a 6 meses para canales externos en casos debidamente justificados).

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