Transparencia Fiscal Vs Evasión Fiscal

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Parte de la tarde del lunes la pasé hojeando las normas de transparencia fiscal de la Unión Europea (UE) sobre el intercambio automático de información entre los Estados miembros[1]. Con esta normativa la CE intenta ofrecer un valor añadido en lo que respecta a la capacidad de los países para tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal. El informe proporciona una primera instantánea de la legislación comúnmente acordada que sustenta el intercambio automático obligatorio de información fiscal sobre ingresos y activos no financieros de unos 16 millones de contribuyentes en Europa, de intercambios de información sobre cuentas financieras, así como sobre las decisiones fiscales de los Estados Miembros[2]. 

La evaluación muestra que los Estados miembros ahora reciben considerablemente más información que puede ayudar a combatir el fraude fiscal y la evasión y todavía están en el proceso de encontrar las formas más eficientes de usar los datos, para evaluar el valor agregado y los efectos disuasivos. La Comisión continúa alentando a todos los países de la UE a que hagan pleno uso de su acceso a la gran cantidad de información fiscal útil que se pone a disposición a través de estos nuevos canales[3]. Desde el próximo año, los Estados miembros también comenzarán a compartir información sobre los consejos de planificación fiscal que brindan los intermediarios en cada país. Fuente de la información: CE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] De las que ya informé en el sitio Prevención del Blanqueo y que recientemente ha publicado la Comisión Europea (CE). Si quieres acceder al documento, clickea AQUÍ. Sitio visitado el 17/09/2019.

[2] Por ejemplo, en 2017, los Estados miembros intercambiaron información sobre casi 18,000 resoluciones fiscales dictadas a multinacionales.

[3]  Si bien es demasiado reciente para examinarlo en este estudio, se han comenzado a intercambiar aún más datos fiscales entre los Estados miembros, como los ingresos por impuestos corporativos pagados por las grandes empresas en cada país, ya que las nuevas normas entraron en vigencia el 1 de enero de 2013.