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Igualmente importante es el desarrollo de la dimensión social del mercado interior, ya que el crecimiento económico no es suficiente si solo llega al 1% de la población, y lo mismo ocurre con la sostenibilidad. El Acuerdo EEE contiene una legislación importante en el ámbito del derecho laboral, los derechos de los trabajadores, la salud y la seguridad en el trabajo y la lucha contra la discriminación. La dimensión social del acuerdo recibió un enfoque renovado a través del Pilar Europeo de Derechos Sociales, cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, las condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social. El CC-EEE también aprobó un informe y una resolución sobre la Autoridad Laboral Europea (ELA)[4], acogiendo con satisfacción su creación y puesta en marcha, que estará en funcionamiento en 2019 y alcanzará su plena capacidad operativa en 2023, pero exige una financiación y una dotación de personal adecuadas así como una plena aplicación de la legislación laboral del EEE, reconociendo el beneficio económico de un mercado laboral integrado y solicitando a ELA que garantice una movilidad justa dentro de los Estados miembros del EEE al tiempo que facilita la participación de los interlocutores sociales, tanto de la UE como de la AELC. Fuente de la información: Espacio Económico Europeo. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] Espacio Económico Europeo.
[2] Art. 96 del Acuerdo sobre el EEE.
[3] Que representan alrededor del 75% del PIB en la UE, mientras que solo lo hacen en torno a 25% del comercio en el mercado interior.
[4] La Autoridad Laboral Europea (ELA) fue anunciada en septiembre de 2017 por el presidente Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión Europea de 2017 para garantizar que las normas de la UE sobre movilidad laboral se apliquen de manera justa, simple y efectiva. Tras las consultas y una evaluación de impacto , se presentó una propuesta legislativa el 13 de marzo de 2018. La Comisión, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta en febrero de 2019. La Autoridad debería estar en funcionamiento en 2019 y alcanzar su plena capacidad operativa en 2023. Esta propuesta también forma parte del despliegue del Pilar Europeo de los Derechos Sociales.