A raíz del caso Gescartera y otros, el gobierno de turno endureció las responsabilidades y las sanciones a las empresas auditoras, ya que no era de recibo lo que estaba pasando. Sin embargo, ahora, la presión del sector ha hecho claudicar al político y, parece, se está trabajando en la línea de atenuar bastante estas responsabilidades y sanciones[1]. He hablado en el blog de este tema escrito largo y tendido (ver búsqueda parcial), por lo que no seré más pesado; sólo expresar que el profesional de la auditoría que hace bien su trabajo le debe dar igual las ordenanzas, controles sanciones y preceptos a los que se deba someter, como garantía ante terceros, sobre todo, ante los trabajadores, los accionistas y la propia administración, por eso no termino de entender el interés de atenuar las ya suaves normas sobre el referente, que han posibilitado innumerables casos de fraudes de gestión, corrupción y negligencias administrativas y fiscales (Fuente de la imagen: Wikipedia).
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[1] Leído en la pág. 34 del Cinco Días de 16/7/07.