¿Quién manda entre las leyes?

Fuente de la imagen: mvc archivo propio. Instante de la docencia de la asignatura Administración y Legislación Ambiental, del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la UMA

El conjunto de normas que rigen en un Estado conforma lo que se denomina su Ordenamiento Jurídico (OJ). Para que este sistema de reglas funcione de manera coherente, las distintas normas que lo componen se organizan y relacionan entre sí. No todas las normas tienen la misma importancia; al contrario, se encuentran jerarquizadas, de tal manera que unas predominan sobre otras si llegara a existir una contradicción entre ellas. Para explicar visualmente esta estructura, el jurista Hans Kelsen enunció la teoría de la pirámide normativa, que ejemplifica el ordenamiento jurídico como una estructura piramidal. Esta organización jerárquica es necesaria para entender cómo interactúan las distintas fuentes normativas que componen el derecho de un Estado. En la cúspide de esta pirámide se encuentra la Constitución, la norma que prevalece por encima de cualquier otra. Se la puede definir como la norma básica que organiza el Estado y establece las reglas esenciales de la sociedad. En los Estados democráticos, la Constitución no es un mero texto con declaraciones de buenas intenciones, sino una auténtica norma jurídica, la más importante de todas, que se aplica de forma directa e inmediata. Esto significa que tanto la ciudadanía como los poderes públicos están sujetos a ella y sus mandatos no necesitan un desarrollo posterior para ser aplicados. Por su carácter de norma suprema, cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que la contradiga no debe ser aplicada y tiene que ser expulsada del sistema. Para velar por esta supremacía, existe un órgano específico, el Tribunal Constitucional, cuya misión es garantizar que ninguna ley ni actuación de los poderes públicos vaya en contra de los mandatos constitucionales. En un segundo nivel de la pirámide, justo por debajo de la Constitución, se sitúan las leyes y las normas con rango de ley.

La ley es considerada la expresión de la voluntad general del pueblo, el principal instrumento que tiene una comunidad para autorregularse y organizar la sociedad. Es dictada por el Parlamento, que es el órgano que ostenta la representación popular. Por ser la expresión del pueblo, la ley se sitúa como norma suprema, con el único límite de la Constitución, a la que no puede contradecir. Dentro de su marco constitucional, la ley puede regular prácticamente cualquier materia. Junto a las leyes emanadas del poder legislativo, en este mismo nivel jerárquico existen otras normas, como los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos, que son dictadas por el poder ejecutivo (el Gobierno) pero tienen el mismo valor y la misma fuerza que una ley. Descendiendo un peldaño más en la estructura piramidal, encontramos los reglamentos, normas jurídicas escritas que emanan del poder ejecutivo, es decir, del Gobierno y la Administración. Al ocupar una posición inferior a las leyes, los reglamentos deben respetar siempre lo que establecen tanto éstas como la Constitución. La función primordial de un reglamento es, por lo general, desarrollar, pormenorizar y complementar las disposiciones de una ley, estableciendo los detalles necesarios para facilitar su ejecución y aplicación práctica. De esta forma, se establece una relación de colaboración en la que la ley fija los aspectos generales y el reglamento se encarga de los detalles más específicos. Finalmente, en la base de la pirámide, las fuentes del OJ también incluyen fuentes no escritas como son la costumbre y los principios generales del derecho, que completan la estructura del sistema normativo. Cada uno de estos niveles, desde la Constitución en la cima hasta las fuentes no escritas en la base, compone las distintas fuentes normativas que, en conjunto y de forma jerarquizada, conforman el derecho de un país.