Prevención y Control de la Contaminación Industrial

Fuente de la imagen: "A la ribera del río" (M. Velasco, 2012). Sitio visitado el 10/9/2024

Respecto al asunto C‑626/22 (2024)[1], en la Sentencia ECLI:EU:C:2024:542 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha realizado una interpretación[2] de la Directiva 2010/75/UE (M. Velasco, 2011)[3], que en su momento representó un avance en la regulación de las emisiones industriales en la Unión Europea (UE)[4], teniendo como finalidad la prevención y el control integrados de la contaminación, estableciendo un enfoque coherente y eficaz para abordar los desafíos ambientales que plantea la actividad industrial. Se aplica a una amplia gama de actividades industriales[5], enfocándose en la reducción de las emisiones de contaminantes a través de la implementación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), prácticas y tecnologías que minimizan el impacto ambiental de las instalaciones industriales. Uno de los aspectos clave de la Directiva es la obligación de los Estados miembros de garantizar que la información sobre las emisiones y las medidas adoptadas por los titulares de permisos esté disponible para el público, lo que se traduce en una mayor transparencia y en la posibilidad de que los ciudadanos participen en la vigilancia de la calidad ambiental.

La normativa también establece mecanismos para garantizar el acceso a la justicia en materia ambiental. En ese sentido, los Estados miembros deben permitir que la ciudadanía y grupos interesados puedan impugnar decisiones administrativas que afecten a la legalidad de las actividades industriales, reforzando de esta forma el principio de participación pública en la toma de decisiones ambientales, elemento fundamental para la democracia y la gobernanza ambiental. Asimismo, prevé la posibilidad de modificar sus anexos para adaptarse a los avances científicos y técnicos. La Comisión Europea tiene la autoridad para adoptar actos delegados que permitan la actualización de las MTD y otros aspectos relevantes, asegurando que la normativa se mantenga al día con las mejores prácticas y tecnologías emergentes. En conclusión, esta legislación europea forma parte de la estrategia de la UE para abordar la contaminación industrial, promoviendo la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y garantizando la participación activa de la ciudadanía en la supervisión de las actividades industriales[6].

En mi país, entre otra normativa de interés, es necesario consultar el Real Decreto Legislativo 1/2016[7], que de alguna manera consolida y actualiza la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, texto refundido que tiene como finalidad establecer un marco normativo que prevenga y controle la contaminación del aire, agua y suelo, garantizando así una elevada protección del medio ambiente. El artículo 1 del decreto establece que la ley busca evitar, y en su defecto, reducir y controlar la contaminación a través de un sistema integrado. Este enfoque integral es fundamental, ya que reconoce la interconexión entre diferentes tipos de contaminación y la necesidad de abordarlos de manera conjunta. El ámbito de aplicación, según el artículo 2, abarca tanto instalaciones públicas como privadas que realicen actividades industriales específicas, excluyendo aquellas dedicadas a la investigación y desarrollo de nuevos productos. También, proporciona definiciones esenciales que son cruciales para la correcta interpretación de la ley. Por ejemplo, al definir "aguas subterráneas" subraya la importancia de proteger estos recursos vitales.

Entre las disposiciones finales, se destaca la entrada en vigor de la norma, que se establece para el día siguiente a su publicación en el BOE, facultando al Gobierno para desarrollar reglamentariamente el texto refundido, lo que permite la adaptación continua a las normativas comunitarias y a las necesidades emergentes en materia de medio ambiente. Como no podía ser de otra forma, esta normativa se fundamenta en la Constitución Española (CE), que otorga al Estado competencias en materia de protección del medio ambiente (artículo 149 CE, Legislación básica sobre protección del medio ambiente[8]), lo que asegura que la legislación se alinee con los principios constitucionales y refuerza la importancia de la protección ambiental en el marco legal nacional. Al integrar y actualizar la legislación existente, se establece un marco más coherente y efectivo para la prevención y control de la contaminación, buscando proteger el medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a las generaciones presentes y futuras. Fuente de la información: texto referenciado, Directiva y Real Decreto.

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[1] Que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia.

[2] Sitio visitado el 10/09/2024.

[3] Velasco-Carretero, Manuel (2011). Directiva 2010/75/UE. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 10/09/2024.

[4] DIRECTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales. DOUE de 17/12/2010.

[5] Enumeradas en su Anexo I, que incluyen desde la producción de energía hasta la fabricación de productos químicos.

[6] A medida que la UE avanza hacia un futuro más sostenible, la implementación efectiva de esta directiva será crucial para lograr un equilibrio entre el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente.

[7] Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE núm. 316, de 31 de diciembre de 2016.

[8] Sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.