Marco evaluativo de impactos ambientales

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La tarde la pasé rehojeando la Ley 21/2013, de evaluación ambiental (LEA)[1], reseñada en el sitio Economía Sostenible (M. Velasco, 2013)[2], hito significativo en la legislación española en materia de protección del medio ambiente, al establecer un marco normativo que busca garantizar que los proyectos y actividades que puedan tener un impacto ambiental significativo sean evaluados de manera rigurosa antes de su aprobación, siendo su objetivo la promoción de un desarrollo sostenible que respete y preserve el entorno natural. La normativa se fundamenta en varios principios clave que guían su aplicación. Uno de los más destacados es la necesidad de una evaluación previa de los impactos ambientales, que permite identificar y mitigar posibles efectos negativos antes de que se lleven a cabo los proyectos. Este enfoque proactivo es esencial para asegurar que el desarrollo económico no comprometa la salud del medio ambiente.

Asimismo, esta legislación promueve la participación pública, permitiendo que los ciudadanos y las organizaciones interesadas puedan expresar sus opiniones y preocupaciones sobre los proyectos propuestos. Este aspecto de transparencia y participación es crucial para fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y para garantizar que las decisiones se tomen de manera informada y democrática. La Ley se aplica a una amplia gama de proyectos, desde grandes infraestructuras hasta actividades agrícolas y ganaderas. Según el Anexo I, se someten a evaluación ambiental ordinaria aquellos proyectos que, por su naturaleza, pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente, como instalaciones de cría intensiva de ganado o proyectos de urbanización. Sin embargo, también se establecen supuestos excluidos de la evaluación, lo que permite una gestión más eficiente de los recursos y evita la burocracia innecesaria.

Otro aspecto fundamental es la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, reconociendo la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, pero permitiendo a las comunidades autónomas establecer normas adicionales de protección, dualidad cuya finalidad es asegurar un marco común que garantice la protección ambiental en todo el territorio nacional, al tiempo que se respeta la diversidad y las particularidades locales. Desde su entrada en vigor ha sido un instrumento clave para la protección del medio ambiente en España, permitiendo simplificar los procedimientos de evaluación ambiental y el incremento de la seguridad jurídica para los operadores económicos. No obstante, su relativo éxito depende de la implementación efectiva y de la colaboración entre las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil. Fuente de la información: LEA.

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[1] Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Publicado en BOE núm. 296, de 11/12/2013. Entrada en vigor: 12/12/2013.

[2] Velasco-Carretero, Manuel (2013). Ley de evaluación ambiental. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 28/08/2024.