Marco común resolución conflictos universitarios

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El Congreso de los Diputados de mi país (CD)[1] ha aprobado la Ley de Convivencia Universitaria (LCU)[2], que establece las bases para dotar a las universidades públicas españolas de un marco común para la resolución de conflictos con un enfoque democrático[3]. La nueva Ley se adapta al ordenamiento constitucional vigente y sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y garantizando la igualdad para un posterior desarrollo por las Comunidades Autónomas y la propia universidad. De esta forma, las universidades están obligadas a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, discriminación o acoso.

Las universidades deberán crear una Comisión de Convivencia, que tendrá que ser paritaria y estará constituida por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios. Asimismo, la Ley de Convivencia Universitaria define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador, poniendo así el acento en los valores propios del ámbito universitario. Esta Ley instaura un nuevo marco para la convivencia universitaria, en consonancia con los principios democráticos y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y libertades básicas, entre ellas la de manifestación, reunión, asociación y huelga[4]. Fuente de la información: CD.

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[1] En la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

[2] Tras su tramitación y aprobación en el Congreso, el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria deberá continuar su tramitación en el Senado.

[3] Esta nueva norma deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional que permanecía vigente respecto del estudiantado, en clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad actual.
[4] Del conjunto de estamentos de la comunidad universitaria.