¿Sanidad pública o privada?

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Según el informe europeo origen del reportaje del vídeo que te dejo a pie de post, subido a Youtube por Radio Televisión de Castilla León, la sanidad española se deteriora año tras año[1]. Con independencia de los presuntos intereses favorables a la privatización de la sanidad[2], errores[3] de metodología y falta de transparencia en la obtención de los datos[4], ciertamente existen argumentos a favor de la privatización, como pueden ser las dificultades del sistema nacional de salud, la incapacidad del sector público para suscitar estrategias que mejoren el servicio de salud o la imperiosa necesidad de cambios drásticos que provoquen mayor calidad, por no hablar del inmenso coste que conlleva mantener el sistema y, claro, a perro flaco (tremenda crisis que padecemos), todo son pulgas. En este sentido, el sector privado aporta agilidad y, sobre todo, eficacia en la gestión de los servicios de sanidad, ajustando los costes a las realidades que la propia gestión privada estima para que el servicio sea rentable. Por otro lado, el ordenamiento jurídico español promueve una relación jurídico privada objetiva entre el prestador y el usuario del servicio sanitario que normativamente, se supone, garantiza los derechos del usuario.

Los argumentos a favor de mantener el servicio público sanitario también son demoledores, yendo desde que en España el sistema es gratuito y universal, dos características que muchos otros países no tienen y son fundamentales, hasta que el sector privado enfoca el servicio sanitario como negocio, no como derecho, pasando porque todos los españoles debemos disponer de las mismas oportunidades o que muchas de las intervenciones complejas se realizan en la sanidad pública[5]. En síntesis, lo público, además de responder de un servicio continuo, regular, igualitario, objetivo, que satisfaga el interés general, garantizará mejor los derechos constitucionales del usuario en materia de sanidad, incluso en la participación en la configuración del servicio sanitario[6] o en la potestad de la administración pública de verificación de las obligaciones del usuario. Finalmente, creo que el debate no debería estar entre privado o público, sino en el uso adecuado de los recursos por parte de la Administración Pública, pero eso es harina de otro costal[7]. Imagen incorporada con posterioridad; fuente: elbaartoo en pixabay.

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[1] Índice de Consumidores de la Sanidad Europea elaborado por el centro de análisis Health Consumer Powerhouse, con el apoyo de la Comisión de la UE, el sistema español logra 630 puntos de 1.000 posibles y se sitúa en el puesto 21 de una clasificación en la que concurren 32 países.

[2] Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública.

[3] Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes. Opinión compartida también por el propio Ministerio de Sanidad.

[4] Confederación de Consumidores y Usuarios.

[5] Reciente caso del ébola, por ejemplo.

[6] Difícil en lo privado.

[7] Para otro foro o debate, quiero decir.