Las Tres Caras de la Administración Pública española

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En el marco de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA, el miércoles me centré en las formas de acción administrativa en mi país. Y es que, en el entramado del DAT, se erigen como contrafuertes a través de los cuales las administraciones públicas (AAPP) materializan su gestión y servicio a la ciudadanía, herramientas que, por otro lado, son esenciales para el funcionamiento del sector público (SP), y que se despliegan en tres categorías principales: limitación, fomento y prestación, desempeñando un papel específico, respondiendo a objetivos distintos y buscando un equilibrio, a veces, delicado entre los derechos individuales y el interés general. La actividad de limitación, también conocida como actividad de policía, se manifiesta en la imposición de restricciones a los derechos de la ciudadanía con el fin de salvaguardar intereses públicos. Este tipo de acción administrativa se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad, el orden y la salud públicos. En situaciones de emergencia, por ejemplo, las autoridades pueden recurrir a restricciones de circulación, cierres de establecimientos o regulaciones que limiten actividades perjudiciales para el bien común. Esta actividad se enfoca en la restricción, pero, igualmente, en medidas reactivas para restablecer la legalidad y el orden, actuando la administración pública (AP) como reguladora que monitorea y controla diversas actividades para alinearlas con los intereses generales.

Por otro lado, la actividad de fomento se centra en la promoción e impulso de iniciativas que benefician a la comunidad. A través de ella, las AAPP buscan favorecer acciones que, sin ser coercitivas, incentiven el desarrollo social y económico. La concesión de subvenciones a proyectos culturales, deportivos o medioambientales es un claro ejemplo de esta actividad. Además, se incluyen la creación de condiciones propicias para el desarrollo económico, como ferias y festivales, que enriquecen la vida local y potencian la participación ciudadana y la colaboración entre actores del territorio. Finalmente, la actividad de prestación se refiere a la obligación de AAPP de ofrecer y garantizar servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como educación, salud, transporte y seguridad. Esta actividad exige una planificación meticulosa y una gestión adecuada de los recursos, evaluando continuamente la efectividad de los servicios para ajustarlos a las demandas y expectativas de la comunidad. El planteamiento mejora la calidad de vida y fomenta la confianza en las instituciones. En síntesis, las formas de acción administrativa son cimientos básicos para equilibrar los derechos individuales con el interés general. A través de ellas, las AAPP crean un entorno que facilita tanto el desarrollo social como el bienestar colectivo, construyendo así sociedades más justas y participativas. Fuente de la información: contenido de mi disertación y apuntes de la asignatura. Fuente del esquema: mvc elaboración propia.