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El "poñente", con algo más de pelo y unos añitos
menos. Fuente de la imagen: Poñente
(M. Velasco, 2010) |
Comencé la clase sobre las Administraciones Públicas, tema del programa de la asignatura Administración y Legislación Ambiental, del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, escribiendo en la pizarra la siguiente idea: "En un Estado democrático y social de derecho los gobiernos van y vienen, pero la Administración Pública siempre permanece". Esta frase la dilucidé por primera vez en el marco de una ponencia sobre gestión y justificación de subvenciones, que impartí en el incomparable marco del Balneario de Mondariz (M. Velasco, 2010)[1], como respuesta a la pregunta de un asistente: “Que pasará, poñente, cando cambie a cor política do Goberno no poder?”, que traducido con mi gallego de los Montes de Málaga es algo así: ¿Qué pasará, ponente, cuando cambie el color político del Gobierno de turno? El enunciado lo expliqué posteriormente en el texto "El rol de la Administración Pública" (M. Velasco, 2011)[2], siendo un manifiesto de cuño propio con el que pretendía encapsular una, para mí, verdad fundamental sobre la naturaleza del poder y la gestión pública. Y es que, los gobiernos, como expresiones del poder político, son entidades cambiantes, puesto que las elecciones, los movimientos sociales y los procesos históricos dan lugar a la alternancia en el poder, de forma que los partidos políticos, las ideologías y las personas que ocupan cargos públicos se suceden en el tiempo. Sin embargo, detrás de esta dinámica constante, subyace, al menos en mi país, una no tan imperceptible estructura más estable y duradera: la Administración Pública (AP), también apodada como "La hidra de Lerna” (M. Velasco, 2014)[3].
Sí, AP como conjunto de órganos, instrumentos y procedimientos mediante los cuales se ejerce el poder ejecutivo del Estado; ese brazo ejecutor de las leyes y políticas públicas, encargado de prestar servicios a la ciudadanía y de gestionar los recursos públicos, que, de alguna manera, viene a garantizar la continuidad del Estado, más allá de los cambios políticos, mecanismo que mantiene las funciones esenciales del gobierno, como la seguridad, la justicia, la educación y la salud, acumulando un valioso conocimiento y experiencia a lo largo del tiempo, acervo trascendental para tomar decisiones informadas y garantizar la eficiencia en la gestión pública, en su perenne finalidad de servicio a los intereses generales del pueblo, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía y mejorando su calidad de vida. Pero ¿Por qué la AP permanece mientras los gobiernos cambian? Por su Naturaleza, su Legitimidad y su Neutralidad. Naturaleza en el sentido de que gran parte de las funciones de la AP tienen un carácter técnico y especializado, siendo los procedimientos administrativos, los sistemas informáticos (hoy la administración electrónica) y las regulaciones elementos que requieren continuidad y estabilidad. Asimismo, la AP deriva su legitimidad del ordenamiento jurídico y de la Constitución Española (CE), lo que implica que sus funciones y competencias se encuentran definidas en el ordenamiento jurídico, situándola encima de los cambios políticos coyunturales. Finalmente, no cabe duda que la AP debe actuar con neutralidad política y objetividad, sirviendo a la ciudadanía por igual, con independencia de sus afiliaciones políticas, religiosas o de otra índole[4].
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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2010). Poñente. Sitio visitado el 4/10/2024.
[2] Velasco-Carretero, Manuel (2011). El rol de la Administración Pública. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 4/10/2024.
[3]Velasco-Carretero, Manuel (2014). La hidra de Lerna. Sitio visitado el 4/10/2024. [4] Como corolario, en un estado social y democrático de derecho, la AP debe garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas.