¿Qué culpa tiene el tomate?

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Se recoge en varias coplas del cancionero popular latinoamericano la siguiente estrofa cuarteta: ¿Qué culpa tiene el tomate - que está contento en su mata - de que venga un tío malange - y lo meta en una lata? En la tarde del domingo pasado, estuve viendo en el programa “Liarla Pardo” el reportaje sobre el control de los supermercados españoles en la producción agrícola, a partir de “la subida del precio del tomate” (si quieres acceder al documento sonoro, cortesía de La Sexta, clickea AQUÍ). Hace unos años (2015), la Comisión Europea (CE) creó un grupo de trabajo sobre mercados agrícolas, con el fin de mejorar la situación de los agricultores en la cadena alimentaria, entregando sus conclusiones a mediados de noviembre de 2016. Una de sus recomendaciones para abordar las prácticas comerciales desleales (UTP en sus siglas en inglés), fue establecer un marco reglamentario de referencia a nivel de la UE. Tras el informe del Grupo de trabajo, el Consejo adoptó en diciembre de 2016 el fortalecimiento de la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos y el tratamiento de las UTP, solicitando a la CE que emprendiera, de manera oportuna, una evaluación de impacto con miras a proponer un marco legislativo de la UE u otras medidas no legislativas para abordar las UTP. 

En esa línea, informa la CE que la UE pronto dispondrá de herramientas más efectivas para abordar las UTP en la cadena agroalimentaria, y para evitar que la posición de negociación más débil de los pequeños y medianos agricultores sea explotada por operadores más grandes, como los principales procesadores y minoristas. Recientemente, el Consejo ha adoptado una directiva sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentaria (si quieres acceder a ella, clickea AQUÍ), que prohibirá las prácticas comerciales desleales más obvias y brindará a los estados miembros formas más efectivas de abordar los abusos. Las nuevas normas abarcarán a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y a las empresas de gama media que tienen una facturación anual inferior a los 350 millones de euros. Para hacer eso, la directiva adopta un enfoque dinámico, por el que los operadores más pequeños solo están protegidos contra las prácticas comerciales desleales en los casos en que estos se originan en empresas más grandes[1]. 

Para la CE, el objetivo es triple: proteger solo a quienes realmente lo necesitan, proteger a los proveedores más pequeños, pero también evitar que los costos causados ​​por los abusos de los operadores de tamaño mediano se transfieran a los productores primarios. Las prácticas comerciales desleales, como los pagos atrasados ​​de productos perecederos, las cancelaciones de pedidos de última hora, los cambios unilaterales o retroactivos a los acuerdos de suministro, el uso indebido de información confidencial y la represalia o amenaza de represalias contra el proveedor, quedarán completamente prohibidas, mientras que otras prácticas solo se permitirán si están contemplados en un acuerdo previo claro e inequívoco entre las partes[2]. Los Estados miembros tendrán veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la directiva para incorporarla a la legislación nacional, y seis meses más para aplicar sus disposiciones. Así que espero que pronto dejemos de preguntar aquello de ¿Qué culpa tiene el tomate? Fuente de la información: CE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio. 

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[1] Esto significa, por ejemplo, que las microempresas estarán protegidas contra compradores de pymes y que los proveedores pequeños y medianos estarán protegidos contra compradores de rango medio y compradores de mayor tamaño. 

[2] Algunos ejemplos son: un comprador que devuelve productos alimenticios no vendidos a un proveedor, un proveedor que paga por la promoción o la comercialización de productos alimenticios vendidos por el comprador y los costos de almacenamiento, exhibición o listado de productos agroalimentarios.