La Comisión Nacional del Mercado de Valores español (CNMV) es la entidad pública encargada de velar por que el mercado financiero en España funcione de manera justa, transparente y segura para todas las personas que participan en él. Su marco de acción está definido principalmente en el
Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (M. Velasco, 2016)
[1], que es una gran ley aprobada en 2015 con el propósito de ordenar y dar claridad a una normativa que antes estaba muy dispersa, ya que la ley original de 1988 había sido modificada más de cuarenta veces. Esta refundición busca asegurar que las reglas del juego sean un instrumento claro, tanto para la propia entidad reguladora como para las personas que actúan en el tráfico mercantil. La CNMV tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar, lo que significa que además de un consejero es un "policía" con facultades completas, con la finalidad de garantizar la transparencia de los mercados, la correcta formación de los precios y la protección de las personas inversoras. Pero ¿Qué regula esta ley? Normaliza el mercado de valores y los servicios de inversión en general, abarcando desde la emisión de instrumentos financieros hasta los diferentes lugares donde estos se negocian. Cuando hablo de instrumentos financieros, me refiero a valores negociables como las acciones de una empresa o los bonos (deuda titulizada) e, incluso, instrumentos más complejos como pueden ser los derivados (opciones y futuros), que son derechos que dependen del valor futuro de otra cosa
[2]. Si se trata de una oferta pública de venta, la empresa debe publicar un folleto informativo que debe ser previamente aprobado por la CNMV, garantizando que contiene toda la información necesaria para que la clientela tome decisiones. La CNMV supervisa las Empresas de Servicios de Inversión (ESI), que son las entidades que ofrecen profesionalmente estos servicios a terceras personas y que deben contar con una autorización expresa de la CNMV.
Para poder operar, tienen la obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, siempre buscando el mejor interés de su clientela. Una parte de esta protección se encuentra en las llamadas Normas de Conducta. La ley exige a las entidades que "conozcan a su clientela" para poder clasificarlas en categorías como minorista (la persona que invierte su dinero a título particular) o profesional. Dependiendo de esta clasificación y del servicio ofrecido, las entidades deben evaluar si un producto es idóneo o conveniente para la persona. Por ejemplo, si una persona minorista quiere comprar un producto financiero complicado, la entidad debe advertirle claramente si ese producto no es adecuado para ella, quizás porque no tiene la experiencia o la capacidad económica para afrontar las pérdidas que pueda generar. La ley es templada: toda la información, incluida la publicidad, debe ser imparcial, clara y no engañosa. La CNMV puede incluso exigir que, en la documentación previa a la adquisición de un producto, se incluya una advertencia que destaque que el producto "no es adecuado para personas inversoras no profesionales debido a su complejidad". Además de aplicar la ley, la propia CNMV tiene la facultad de dictar normas específicas, denominadas Circulares, para desarrollar aspectos técnicos que no están detallados en la ley principal y, también, puede elaborar Guías Técnicas para orientar a las entidades supervisadas sobre cómo cumplir correctamente con la normativa. Finalmente, para garantizar que todas estas reglas se cumplan, la CNMV dispone de un amplio poder de supervisión, inspección y sanción. Puede exigir registros, recabar información e imponer fuertes multas por infracciones consideradas graves o muy graves, como el uso de información privilegiada o el incumplimiento reiterado de las normas de protección a la clientela, asegurando así la integridad del mercado para todas las personas participantes. Fuente de la imagen: mvc.
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[2] Por ejemplo, si una empresa emite acciones al público por primera vez, este proceso es regulado por la ley.
