jueves, 19 de octubre de 2017

Bienvenidas sean las medidas eléctricas

Si eres follower de este sitio, por textos como “Autonomía y consentimiento”, “Consumidores y Clausulas Abusivas”, “Distintivo de adhesión al SAC”, “Reembolso ente Desistimiento” o ¿Consuelo de tonto?, conoces mi interés por todo lo que rodea al derecho de los consumidores y usuarios. Igualmente, textos como “Patologías de la competencia”, “Renovable fotovoltaica” o el explícito “Sube la luz”, echo a ver mi sensibilidad con el consumo eléctrico en general y el presunto oligopolio o cártel, trust (o vete tú a saber) de las eléctricas en particular. Te focalizo lo anterior porque me ha comentado Antonio (Gracias) que el Gobierno de España recientemente ha promovido una serie de medidas para reforzar la protección del consumidor en la comercialización eléctrica y ante los cortes de suministro.

Parece que a partir de ahora, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores. Igualmente, las compañías eléctricas deberán informar expresamente al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre, de que está renunciando a su derecho a percibir el bono social. En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago. Así será posible actuar con mayor eficacia en la detección de los casos donde deban adoptarse medidas de política social para atender a los hogares en peor situación (Fuente de las imágenes: pixabay)..

Asimismo, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una primera medida para recuperar la normalidad de los pagos, regulándose, también, un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social. Aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, debido a su especial protección, serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Bienvenidas sean estas medidas, aunque ya sabes que el verdadero problema es otro.