El Procedimiento: entre Administración y Ciudadanía

Fuente de la imagen: mvc archivo propio

En el marco de la impartición de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), de tercero del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA, y bajo el método “docencia participativa” (M. Velasco, 2024)[1], en esta semana hemos estado trabajando el régimen jurídico, los principios y las fases del procedimiento administrativo (PA) en mi país. El régimen jurídico del PA se erige como un soporte básico para asegurar que la administración pública (AP) actúe con eficacia, objetividad y respeto a la legalidad. Este marco normativo, diseñado para proteger los derechos de la ciudadanía y establecer una relación equitativa entre ésta y las instituciones administrativas, encuentra su sustento en los principios consagrados en la Constitución Española (CE), que promueve un funcionamiento administrativo transparente y apegado a la ley. En cuanto a los principios que rigen el PA, éstos son esenciales para garantizar la participación activa de todas las personas interesadas en los procesos administrativos que les conciernen. Entre estos principios destacan la eficacia, que exige a la administración cumplir sus objetivos en tiempo y forma; la legalidad, que asegura que cada actuación se ajuste a las normativas vigentes; la transparencia, que permite a la ciudadanía conocer y comprender las decisiones que les afectan; y la imparcialidad, que garantiza que las decisiones administrativas se tomen sin favoritismos. A su vez, el PA se articula en fases, desde la solicitud inicial hasta la decisión final. 

Cualquier persona interesada tiene derecho a ser escuchada y a que su petición sea considerada. La administración debe proporcionar la información necesaria y atender a las alegaciones y pruebas presentadas, asegurando una valoración justa y completa. El cumplimiento de los plazos establecidos es crucial, ya que el silencio administrativo puede tener consecuencias jurídicas significativas. La falta de respuesta dentro del plazo legal puede interpretarse como aceptación o denegación tácita, generando derechos en favor de la persona solicitante. Esta dualidad subraya la importancia de la diligencia y responsabilidad administrativa. Igualmente, es fundamental que los colectivos más vulnerables tengan acceso a los recursos necesarios para ejercer sus derechos dentro del PA. La posibilidad de interponer recursos y recibir asesoramiento puede marcar la diferencia en el ejercicio efectivo de sus derechos. Por ello, las administraciones deben crear mecanismos de apoyo y acompañamiento para toda la ciudadanía. Finalmente, un régimen jurídico sólido, principios claros y fases bien definidas son decisivas para una administración pública eficiente y al servicio del interés general. La adecuada regulación y la participación ciudadana contribuyen a una relación justa y equilibrada entre la administración y la sociedad, donde se respetan los derechos de todas las personas involucradas. Fuente de la información: contenido de la clase impartida. Fuente del esquema: mvc elaboración propia.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2024). Donde alumnado y docente cambian roles. Sitio visitado el 08/04/2025.