Actuando frente a la Administración Pública española

Fuente del esquema: mvc archivo propio

En el marco de la impartición de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), de tercero del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA, y bajo el método “docencia participativa” (M. Velasco, 2024)[1], otra cuestión que hemos estado tratando es el control de la actuación administrativa de las Administraciones Públicas (AAPP) en mi país, que constituye un elemento vertebral del Derecho Administrativo (DA), con una significación particular en el ámbito del Derecho Administrativo Turístico (DAT). Entre las diversas herramientas y procedimientos destinados a este control, el recurso administrativo (RA) se erige como una técnica primordial, al ser un mecanismo que faculta a la ciudadanía, así como a entidades y asociaciones, para cuestionar las decisiones adoptadas por la Administración Pública (AP) cuando las consideren injustas o contrarias a la normativa vigente. A través del RA, se persigue asegurar una revisión exhaustiva de las acciones administrativas, fomentando así un entorno de transparencia, justicia y protección de los derechos de la ciudadanía en su conjunto. Los recursos administrativos actúan como canales de comunicación esenciales entre la ciudadanía y la AP, ofreciendo una vía accesible para la impugnación de resoluciones que puedan incidir negativamente en la esfera de derechos de las personas administradas. Esto posibilita que la AP reexamine sus determinaciones, tomando en consideración los argumentos y alegaciones presentados por quienes se sienten perjudicados. El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud por parte de cualquier persona interesada, pudiendo ésta referirse tanto a resoluciones expresas como a la ausencia de respuesta administrativa dentro de los plazos establecidos. La relevancia de este mecanismo trasciende la mera impugnación, erigiéndose como vía para alcanzar una resolución más equitativa y conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

En el contexto específico del DAT, los recursos adquieren una importancia particular frente a decisiones relacionadas con autorizaciones, licencias y otras regulaciones que impactan la actividad turística en las diferentes localidades. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), establece un marco normativo claro que regula los recursos administrativos, definiendo plazos y procedimientos específicos que la Administración debe observar al resolver estas impugnaciones. Es necesario señalar la existencia de distintos tipos de recursos administrativos, cada uno adaptado a circunstancias particulares; por ejemplo, el recurso de reposición, interpuesto con el fin de modificar o revocar un acto administrativo desfavorable, se presenta como una alternativa eficaz para quienes consideran haber sido objeto de una decisión injusta. Al interponer un recurso de reposición, la persona afectada tiene la oportunidad de exponer su caso de manera clara y estructurada, impulsando a la Administración a reconsiderar su postura y, en muchos casos, a emitir una nueva resolución más favorable. En el ejercicio del control de la actuación administrativa, la facultad de recurrir permite la defensa de derechos individuales al tiempo que promueve un sistema de rendición de cuentas donde la AP se ve compelida a justificar sus decisiones, asegurando de esta forma la efectividad de los principios de legalidad y transparencia que deben guiar su funcionamiento. Es en este ejercicio de control donde se fortalece la legitimidad de las decisiones administrativas, contribuyendo a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En definitiva, el empleo de la técnica del recurso administrativo constituye un derecho de la ciudadanía y un pilar esencial del funcionamiento democrático, indispensable para la construcción de una relación más justa y equilibrada entre la AP y la sociedad española. Fuente del esquema: mvc archivo propio.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2024). Donde alumnado y docente cambian roles. Sitio visitado el 10/04/2025.